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La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.
Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.
Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provinciasLa crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.
Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.
En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porte
Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”
Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.
