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El texto del inconstitucional decreto de necesidad y urgencia (DNU) 179/2025 permite poner en duda que el plan de estabilización de Toto Caputo, sea, como repitió por enésima vez el Presidente en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, "el más exitoso de la historia".
"La gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida", fundamenta. "La exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente", añade. Hay que prestar atención a los términos.
Por otro lado, la gambeta a la autorización de cualquier tipo de acuerdo u operación con el Fondo que impone la ley 27.612, conocida como "ley Martín Guzmán", da, de por sí, cuenta de la "necesidad y urgencia" de la hora.
Si tras quince meses de milagro argentino llegamos a esta situación, falta realmente alguna explicación convincente.
Milei se ha bajado de muchas de las convicciones que, se suponía, le granjearon la esperanzar a una mayoría de la sociedad.
Ya no se refiere al Fondo como a "una institución perversa" ni su ladero Manuel Adorni asevera, con su envidiable voz de locutor, que "tener que recurrir al FMI sólo deja en evidencia el rotundo fracaso" de un gobierno.
Si de fracasos se trata, o de la posibilidad de evitarlos, cabe señalar una diferencia entre los acuerdos modelo 2018 y modelo 2025: Macri, al menos, debió acudir al organismo para salvarse en la elección presidencial posterior, no en una de mitad de mandato. La acumulación de crisis heredadas, cierto que cada vez más graves, y los errores de gestión que inexplicablemente se repiten como si la Argentina fuera un país prehistórico, que no deja registros de su pasado, así lo imponen.
Tras el derrumbe violento que les propinó el "lunes negro" de Wall Street, motivado en la guerra comercial de Trump contra el mundo, los activos nacionales experimentaron un relativo alivio.
Las acciones que cotizan en ese mercado rebotaron de modo mediocre aunque con el mérito de haberlo hecho en un entorno internacional que volvió a ser hostil, mientras que el riesgo país no pudo capitalizar el impacto de la noticia de la aprobación por decreto del acuerdo misterioso y bajó de modo menos que marginal de los 723 puntos básicos de la víspera a 720.
Tal vez el mercado se entusiasme con el correr de los días, cuando el mundo –Trump– dé un respiro, y valore que el socorro del Fondo aseguraría que haya dólares para pagar deuda hasta el final de la administración de Milei. Por ahora, ese amigo de doble filo que es el republicano arruina incluso esa fiesta anunciada.
Tal es la urgencia que el Gobierno ni se molesta en disimular sus marchas y contramarchas: Milei había dicho que tramitaría el acuerdo por el mecanismo ordinario, como establece la ley 27.612, porque "al fútbol se juega con 11, no con 15".
Con el DNU decidió jugar con 15 o incluso más, y el Gobierno apura su tratamiento en Diputados para lograr en esa cámara maleable todo el aval que necesita para mantenerlo en pie.
Claro, por una ley de 2006, en tiempos de Néstor Kirchner, el Poder Ejecutivo se hizo con facultades legislativas que deberían ser consideradas algún día ajenas a la Constitución al establecer que los DNU queden vigentes con el aval o el silencio de una de las dos cámaras. ¿Quién necesita una ley con semejante herramienta?
El Fondo juega al distraído y dice que el apoyo del Congreso sería genial, pero se conforma con lo que la Casa Rosada le dé. A no dudarlo: el acuerdo nace herido de muerte en su legalidad y su eventual desconocimiento por un futuro gobierno argentino sólo dependería del talante ideológico de este y del tipo de economía con la que le toque lidiar.
Un botón de muestra: un grupo de diputados de Unión por la Patria ya denunció penalmente al jefe de Estado por el abuso del DNU y quemó las naves con un comunicado que sentencia que "contraer esta nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna la misma ilegítima e ilegal", esto es repudiable. ¿Honraría el peronismo, si le tocara volver a mandar, una definición tan contundente?
Como serán las cosas que hasta Macri cuestionó que el mecanismo elegido "demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza". Igual, el líder del PRO de seguro revelará pronto, junto a los representantes que aún le quedan en el Congreso, que las formas republicanas le importan menos que lo que declama.
El futuro, se dijo, es una acechanza. ¿Alguien puede asegurar que Milei sea un rayo en un cielo claro, la rareza de un outsider en un decurso institucional que, después de él, seguirá sin disrupciones? ¿O, acaso el paleolibertario sea sólo el primero de una dinastía de extravagancias? Todo dependerá de que la Argentina convierta sus decepciones atávicas en expectativas positivas.
Lo anterior es particularmente relevante cuando una de las pocas cosas que se sabe es que el acuerdo a firmarse será de Facilidades Extendidas, es decir a diez años, con cuatro y medio sin pagos de capital, sino sólo de intereses, que serían anticipados por el propio organismo. Es decir que excederá el mandato de Milei, aun si este obtuviera la reelección y gobernara hasta 2031.
En el altar de la "necesidad y la urgencia", Milei bajó muchas de sus banderas: una pulseada que el Fondo parece haberle ganado al Presidente a cambio de sus milles de millones es la del corazón del programa electoral de 2023: el Banco Central, en vez de ir camino a su cierre, se fortalece con reservas prestadas y de la dolarización no se supo nada en el discurso del 1 de marzo, algo realmente novedoso.
La política también le quema a Milei.
El Senado tratará de avanzar mañana en el tratamiento del pliego del juez de la Corte Suprema en comisión, Manuel García-Mansilla, de modo de dejarlo listo, como al de Ariel Lijo, para su votación en el pleno, donde bastarían 25 voluntades para bajarlos. Si Milei insistiera con su decreto, también flojo de papeles, hundiría al país en una crisis institucional, con poderes en pugna y un máximo tribunal cuestionado en la legitimidad de su conformación.
Antes, hoy mismo, la Cámara Baja, donde hay muchos "héroes" que defienden al Presidente, hará el intento de tratar la emergencia para Bahía Blanca y el Libragate en base a diversos proyectos que promueven su investigación.
Mientras las explicaciones faltan sobre el involucramiento de Milei en el criptoescándalo y sobre las denuncias por presunto tráfico de influencias y soborno pasivo contra su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, brotan nuevos dichos sobre aparentes corruptelas.
El periodista de La Nación + Carlos Pagni denunció que "se dice que la semana pasada llegó un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora, el núcleo en el que participa mucha gente del Gobierno y donde está Trump, por el que Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas".
