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Los dos grandes temas políticos del momento, el escándalo del Libragate y el de la designación de dos jueces para la Corte Suprema en violación de lo que establece la Constitución Nacional, tienen importantes elementos en común. Uno apunta a la red de protección judicial que, como todo poder en la Argentina, trata de generarse el gobierno de Javier Milei. Otro, un nueva vuelta de tuerca –particularmente tosca– sobre un capitalismo basado más en aventureros y arribistas que en inversores de prestigio. En resumen: lo mismo de siempre, pero más rápido, combo que, por lo recargado, acaso genere un producto cualitativamente peor.
Para eso, la extrema derecha gobernante avanza, ensayando una suerte de asalto a lo que queda de división de poderes y a un mercado que se aleja cada vez más de las virtudes descriptas en los libros de la Escuela Austríaca.
Es una ironía del destino que uno de los hombres impuestos por decreto para sumarse a la Corte Suprema, Ariel Lijo, el de CV más vidrioso, haya sido, como juez federal, el encargado de investigar el primer escándalo cripto de Milei, el de CoinX. ¿O, en verdad, el primero fue el de Vulcano, el de CoinX fue el segundo y el de $LIBRA es el tercero?
"Investigar" es una forma de decir cuando se trata de un magistrado especializado en cajonear determinadas causas, antecedente ventilado en el proceso de avales e impugnaciones llevado a cabo en el Senado, que debería haber llevado al descarte de su postulación y no precisamente a su imposición por decreto.
Según listó Chequeado, en dicho proceso se expusieron 328 impugnaciones, el antecedente de que en sus dos décadas como juez sólo elevó a juicio oral 14 de las 89 causas que tramitó y las 32 denuncias que debió enfrentar en el Consejo de la Magistratura. Nunca lo pescaron: pese a las habladurías, debe ser un hombre probo.
El ascenso de Lijo por decisión personalísima de Milei se suma al del ultraconservador Manuel García-Mansilla. El combo indica que el Gobierno se haría con el control –ideológico y de efectividades conducentes– del 40% del alto tribunal o directamente el de su mayoría si se comprobara un acuerdo con Ricardo Lorenzetti.
Esa decisión, que en teoría el Gobierno podría reeditar cada vez que el Congreso esté en receso, es jurídicamente controvertida y políticamente injustificable. No te voy a fatigar con la reiteración de argumentos que compartí ayer con vos, sino plantear otro asunto:
¿Habrá que resignarse al ejercicio de la suma del poder público?
"Exjuez K", definió Clarín, como si la filiación política fuera un seguro de verdad o de engaño. Mejor es atender argumentos, y el de Raúl Zaffaroni es pertinente.
"Los jueces de la Corte" –Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz– "van a firmar (sentencias) junto con personas que no están nombradas constitucionalmente, lo cual constituye para los que no están nombrados una usurpación de funciones", dijo el exmiembro del alto tribunal en radio AM 750.
"Esto no pasó nunca. Nunca hubo en un gobierno constitucional, y ni siquiera hasta 1955 con el gobierno de facto, que un juez de la Corte no cuente con nombramiento conforme al acuerdo del Senado", agregó.
"Puede representar sentencias nulas en algún momento. Es el colmo de algo que viene de hace tiempo, no de ahora, y no sólo responsabilizo a Milei de esto; a nadie se le ocurrió racionalizar la estructura del Poder judicial", cerró.
En la misma línea, Andrés Gil Domínguez dijo en X que "el decreto 137/2025 (…) es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable y además, inconstitucional por cuanto no se verifican las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para el nombramiento de jueces en comisión".
"El efecto de una designación con estas características transforma a los comisionados por el Poder Ejecutivo en jueces de facto que dañan la legitimidad democrática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la independencia del Poder Judicial, la fuerza normativa de la Constitución, el funcionamiento del orden institucional y la plena vigencia del sistema democrático", advirtió.
Responsabilidades personales aparte, Zaffaroni y Gil Domínguez hacen señalamientos severos sobre la seguridad jurídica de la Argentina, algo que probablemente explique la decisión de la Corte Suprema de demorar por una semana la definición sobre la jura de los designados de facto y el pedido de licencia pedido por Lijo, avalado por la Cámara Federal. en contra de jurisprudencia existente Es tal el jaleo en torno al decretazo y el plazo de un año por el que regiría su designación, que el juez federal teme, al final, quedarse sin el pan y sin la torta.
Milei se ha definido como "un topo" deseoso de "destruir el Estado desde adentro". Tal vez el golpazo a la división republicana de poderes que acaba de concretar deba ser interpretada en esa clave. Más que en una crisis política, la Argentina se arriesga a sumergirse en una crisis institucional.
Ante eso y ante pedidos de amparo contra los nombramientos del la polémica, la oenegé Red de Mujeres para La Justicia, compuesta por juezas de todo el país, pidió a la Corte que se expida con premura a través de un recurso per saltum sobre su validez o invalidez. Mientras, el Ejecutivo se aferra a la idea de que la oposición legislativa no tiene ninguna herramienta para evitar que la Corte Suprema "funcione" durante meses floja de papeles. Falso: Juan Carlos Maqueda señaló anoche en La Nación + que si el Senado rechazara en cualquier momento los pliegos de los involucrados en la maniobra, ambos quedarían automáticamente fuera del alto tribunal. Si el Gobierno no reconociera esa eventualidad, se pondría cerca de la subversión del sistema.
El oficialismo que busca promover la inversión como motor de la economía nacional se desinteresa de la seguridad jurídica. Atención: aunque por ahora sea por factores más ligados a la incertidumbre económica que a la político-institucional, el riesgo país refleja, día a día, un deterioro que preocupa. El estallido pleno de una crisis institucional, entonces, sumaría ruido a una situación precaria.
