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Hoy arrancó la primera audiencia del juicio oral y público por los hechos de violencia policial cometidos contra cuatro jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, provincia del Chaco, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Se prevé que el proceso se lleve a cabo durante los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y 3 y 12 de noviembre.
Sobre los hechos
En el marco de la causa judicial se investigan los delitos de detención y allanamiento ilegales, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y encubrimiento. Diez policías serán juzgados, con distintas acusaciones, por los hechos de uso ilegítimo de la fuerza cometidos en la madrugada del 31 de mayo de 2020. en el Barrio Banderas Argentinas, localidad de Fontana, en Chaco. En dicha oportunidad, los efectivos ingresaron al domicilio de las víctimas violentamente, sin orden judicial, y mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego detuvieron a jóvenes de la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
Durante la detención, agentes policiales continuaron con agresiones que constituyen hechos de tortura y otros malos tratos, capturados parcialmente por cámaras de la comisaría. Los jóvenes resultaron heridos producto de los golpes y denunciaron un especial ensañamiento por su pertenencia a una comunidad indígena, así como también se denunció abuso sexual.
“La adecuada investigación, calificación y sanción de estos delitos es un elemento imprescindible para garantizar justicia. Seis años después, cuatro jóvenes y toda una comunidad siguen esperando una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos denunciados. La realización del juicio oral es un paso clave para que la violencia policial y la discriminación no queden impunes y para garantizar justicia y reparación”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Segregación histórica
El contexto de discriminación contra la comunidad Qom en que se desarrollaron estos hechos debe ser tenido en cuenta al momento de juzgarlos. En un comunicado del 3 de junio de 2020, representantes de las Naciones Unidas en Argentina expresaron su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Chaco y advirtieron sobre la discriminación racial prevalente en el país. Los expertos expresaron: “Estamos consternados por la violencia con que se realizó este operativo. La función policial debe en todo momento observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la prohibición internacional de tratos crueles o degradantes”.
Para los representantes de la ONU, “las autoridades del país deben establecer el rol que juega la discriminación racial en este caso, considerando la marginación e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina. Pero también identificar la persistencia de este tipo de patrones en la cultura institucional de las fuerzas de seguridad”.
Acompañamiento de Amnistía Internacional
En el 2022, Amnistía Internacional se presentó como amicus curiae en el marco del proceso judicial., La organización de derechos humanos argumentó sobre la importancia de que los acontecimientos sean investigados a la luz de la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar apropiadamente el delito de tortura, debido al sufrimiento físico y psicológico denunciado por las víctimas.
La organización continúa acompañando a las víctimas de estos graves hechos y estará realizando el seguimiento del desarrollo del juicio. La observación de organismos de derechos humanos es especialmente relevante en procesos de esta naturaleza, ya que contribuye a garantizar condiciones de transparencia, escrutinio público, rendición de cuentas y al fortalecimiento de la confianza en la respuesta institucional frente a denuncias de violencia policial.
A su vez, envió una comunicación al Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas y al Relator Especial para la Prevención de la Tortura para que pida información al Estado sobre las medidas tomadas a partir de este caso y el avance de la investigación judicial garantizando el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de prevención de la tortura y protección y no discriminación a los pueblos indígenas.
