En pocas semanas se conmemorará el Día de la Industria. Y como viene ocurriendo en estos últimos años de ciclos neoliberales, especialmente en el actual, con políticas públicas claramente antiindustriales, no habrá nada que celebrar por parte de las entidades representativas del sector.

Es que el Gobierno libertario no aplica ninguna política de fomento y protección a la industria nacional; por el contrario, la deja expuesta a la apertura indiscriminada de la economía. Esto está produciendo el mayor proceso de cierres de empresas, despidos y desempleo desde la crisis de la convertibilidad. En ese contexto, el presidente Javier Milei y sus funcionarios vienen agraviando con frecuencia a los empresarios nacionales, con un lenguaje procaz hacia ese sector vital de la producción nacional.

En las últimas semanas la nota la dio el ministro de Economía, Luis Caputo, quien los tildó de tarados y llorones. En otras ocasiones se había referido a los industriales como demasiado tibios, dirigido obviamente a rubros no beneficiados por las actuales políticas aperturistas y desreguladoras, que constituyen la mayoría de los rubros industriales que abastecen principalmente a nuestro mercado interno y generan la mayor cantidad de empleo en el país.

No obstante, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) no se emitió ninguna declaración de rechazo a tales imputaciones, solo atinaron a solicitar «un poco más de respeto» con los industriales nacionales, reafirmando su apoyo general a las políticas vigentes y al rumbo que propone el Gobierno, aunque vaya en contra de sus propios intereses empresarios.

Dignidad santafesina
En cambio, la Federación Industrial de Santa Fe (la segunda en importancia de representación nacional) emitió un comunicado con un enérgico rechazo al insulto ministerial, afirmando que «el agravio no constituye una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo, ya que las empresas atraviesan una realidad compleja, marcada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el incremento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener puestos de trabajo».

También vale destacar el rechazo a la tergiversación de datos y conceptos del ministro Caputo al realizar sus análisis de la caída de la industria argentina, situándola en el período 2011/2023, por parte del presidente de la Fundación Protejer, Luciano Galfione, quien marcó la responsabilidad que le cabe a Caputo dado que en el período en que formó parte del Gobierno, 2016/2019, la industria cayó el 13%, y en la etapa actual donde «es el Messi de las finanzas», la industria perdió un 10% en dos años.

Caputo tergiversa y busca confundir porque, como bien señala Galfione, «primero debería contextualizar las variables, en retrospectiva observar bien quién gobernó esos años, y seguramente una gran responsabilidad le cabe a él mismo».

Un plan de acción común
Así, mientras se acerca el Día de la Industria, cabe recordar que este 16 de agosto se conmemora el Dia del Empresariado Nacional, por ley que rescató la creación de la Confederación General Económica (CGE) en los años 50, en tiempos de aplicación de políticas públicas favorables al desarrollo productivo, de defensa del mercado interno y de fomento y protección de la ciencia y la tecnología aplicadas a la autodeterminación económica de la Nación.

En ese marco, debe producirse un debate y reflexión profunda de los sectores de pequeñas y medianas empresas, cooperativas, pequeños productores de la ciudad y del campo, conjuntamente con las centrales sindicales y las representaciones de amplios sectores de desempleados y de la economía informal, para aunar esfuerzos en la búsqueda de un programa y plan de acción común en defensa del mercado interno y del patrimonio nacional, antes de que las políticas imperantes lleven a la desaparición de la industria y del empresariado nacional.

Es fundamental contrarrestar la idea de que con exportar más alcanza para resolver las recurrentes crisis que provoca el endeudamiento externo y eterno. Se ha demostrado muchas veces y en distintos países, que las políticas deben centrarse en primera medida en resolver el empleo, el poder adquisitivo y el consumo popular para garantizar un mercado interno próspero y que sea aliciente de las inversiones necesarias, que hasta aquí no se han formalizado a pesar de las notorias facilidades que otorgan las dos versiones del RIGI que se han sancionado.

En esencia tiene plena vigencia aquello que nos proponía el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en su Propuesta para refundar la Nación: «Un país se hace desde adentro o no se hace».