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Argentina | GLACIARES | SOBERANÍA
El país al borde del deshielo
El proyecto ahora va a Diputados para su definición final, pero lo que ya quedó claro es que el debate por los glaciares no es solo técnico, es una pulseada entre modelos de país, visiones del ambiente e interpretaciones del federalismo ambiental.
La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, fue histórica: fue la primera en el mundo en declarar a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes estratégicos que deben protegerse porque contienen reservas de agua dulce vitales para millones de personas y para ecosistemas completos. La norma prohibía minería, hidrocarburos y obras que alteren esos hielos o la calidad del agua, y estableció el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica para identificar cada cuerpo de hielo.
Hasta aquí, la historia conocida. El conflicto surge porque el gobierno sostiene que la ley actual es demasiado amplia, “indefinida” y bloquea inversiones, especialmente mineras. Su tesis: darles poder a las provincias para decidir qué glaciares y zonas periglaciares deben protegerse y cuáles pueden habilitar actividades productivas. Según el Ejecutivo, eso sería “federalismo ambiental”, una forma de “ordenar el marco normativo vigente” para evitar interpretaciones arbitrarias que frenan la economía.
El problema es que, en la práctica, el proyecto cambia el enfoque radicalmente: pasa de una protección nacional y preventiva de todos los glaciares y ambientes periglaciares a una protección que depende —en cada caso— de la “función hídrica efectiva” que cumpla un glaciar. Esto abre la puerta a que provincias habiliten actividades extractivas en zonas antes vetadas por la ley original.
Los defensores de la reforma hablan de “modernización”, de atraer inversiones de cobre, litio y otros recursos esenciales, y de devolver competencias a las jurisdicciones provinciales. Para ellos, la ley original era “excesiva”, bloqueaba industrias y lastraba el desarrollo productivo. El sector minero mira con atención la discusión porque una definición favorable abriría importantes frentes de inversión.
Pero los críticos no solo reclaman en tono alarmista, sino que tienen razones técnicas, jurídicas y sociales para preocuparse.
Organizaciones ambientalistas, científicos, juristas y buena parte de la sociedad civil advierten que la reforma representa un retroceso histórico en la protección del agua y podría incluso contravenir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, del cual Argentina es parte.
Para empezar, los glaciares no son una curiosidad del mapa cordillerano: son tanques naturales de agua dulce que liberan líquido gradualmente a lo largo del año, sosteniendo cuencas completas y ofreciendo resiliencia frente a sequías y variabilidad climática. Ya hay evidencia científica —basada en datos oficiales— de que los glaciares están retrocediendo por efecto del calentamiento global.
Modificar la ley para que la protección dependa de cada jurisdicción rompe con la lógica de los presupuestos mínimos ambientales, una figura constitucional que busca garantizar estándares básicos que ni las provincias ni el Estado pueden rebajar. Esto podría generar conflictos entre provincias por el acceso al agua, debilitar la seguridad hídrica e incluso desencadenar desafíos judiciales por inconstitucionalidad.
La recepción social también tomó volumen político: figuras de la cultura como, entre muchas otras, Ricardo Darín, Lucrecia Martel1, Claudia Piñeiro2y múltiples intelectuales firmaron declaraciones defendiendo la ley original, con mensajes que van desde lo simbólico (“Los glaciares no se tocan”) hasta lo contundente: “El agua no se negocia”. La Iglesia Católica, por su parte, calificó a los glaciares como “catedrales de agua” y llamó a legislar con sentido intergeneracional.
En el plano político, la reforma también divide. Líderes opositores han señalado que no se trata de una modificación técnica, sino ideológica, y que no está claro que responda a un diagnóstico ambiental sino a una agenda económica con fuerte sesgo extractivista. La falta de consenso en foros como el COFEMA (órgano que agrupa a gobernadores) hace evidente la fractura entre el mensaje del gobierno y la realidad de muchas provincias que no quieren perder control sobre sus recursos hídricos.
Al bajar el telón por ahora, el Senado ya actuó, la Cámara de Diputados tiene la pelota en su cancha y el reloj apura: el debate continuará en plena sesión ordinaria, con una sociedad más atenta y más movilizada que hace 15 años.
Porque si hay algo claro, aunque el lenguaje oficial hable de “federalismo ambiental”, el conflicto de fondo es qué modelo de país prioriza la Argentina: uno que custodia el agua como bien común estratégico, o uno que abre sus entrañas a la lógica del mercado con el agua como variable de ajuste.
