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Con 2026 como año sin elecciones provinciales, la Legislatura bonaerense se prepara para discutir una reforma política integral. Reelecciones, Boleta Única de Papel y el futuro de las primarias aparecen como ejes de una negociación que atraviesa a oficialismo y oposición, pero sobre todo vuelve a exponer las tensiones dentro de Unión por la Patria, con posiciones diferenciadas entre el MDF de Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa.
La provincia de Buenos Aires entra en un 2026 bisagra. Sin la presión inmediata de las urnas, el sistema político se permite reabrir una discusión que suele postergarse: cambiar reglas electorales y redefinir mecanismos de competencia. Pero lo que se presenta como “reforma institucional” está lejos de ser neutral. Cada decisión afecta el poder territorial, la construcción de listas y el equilibrio entre socios de una coalición que llega a 2027 con disputas de conducción abiertas.
En ese marco, tres temas concentran la disputa: el límite a las reelecciones, la posible implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y el destino de las primarias bonaerenses (EPAOS/PASO), suspendidas en 2025. La combinación configura un paquete único: no se discute un artículo suelto, se discute la arquitectura del poder provincial.
El debate sobre reelecciones regresa con fuerza porque impacta directamente en el mapa de intendentes. La norma vigente limita los mandatos consecutivos y condiciona la continuidad de jefes comunales y legisladores. Para muchos municipios, el 2027 ya empezó: si no hay cambios, varios liderazgos locales deberán buscar reemplazos o rediseñar su estrategia.
El kicillofismo empuja la idea de revisar esa ley y argumenta que el tope de mandatos restringe la voluntad popular. En la práctica, el MDF necesita retener músculo territorial: los intendentes son gestión, estructura, fiscalización y orden interno. Por eso, en el entorno del gobernador la discusión se interpreta como parte de la “gobernabilidad” política hacia el tramo final del mandato y, a la vez, como una condición para llegar competitivo a 2027.
La BUP aparece como la principal bandera de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Los libertarios buscan trasladar al plano provincial la experiencia nacional y convertir 2026 en el año de la reforma “pro transparencia”, “ahorro” y “modernización” del acto electoral. La estrategia tiene doble objetivo: instalar agenda y, al mismo tiempo, forzar al peronismo a un debate incómodo en plena interna.
Del lado oficialista, la BUP genera resistencias. El argumento central es operativo y político: cambiar el instrumento de votación altera la campaña, la logística y la competencia real. En un distrito enorme, con fuerte peso municipal y tradición de boleta partidaria, el recelo no es menor. Además, dentro de Unión por la Patria el tema no funciona como punto de acuerdo automático: hay críticas por razones distintas, pero con un resultado similar, frenar o ralentizar la BUP en el debate bonaerense.
El tercer eje es el futuro de las primarias provinciales. La suspensión de 2025 dejó un antecedente: si se pudo desactivar el mecanismo, también puede redefinirse su rol o reescribirse el calendario. Y ahí aparece la discusión más política de todas: quién ordena la competencia interna, bajo qué reglas y en qué fecha.
Las primarias cumplen una función evidente: canalizan internas abiertas cuando no hay consenso. Pero también son un costo, una instancia que expone fracturas y obliga a ordenar candidaturas en un proceso competitivo. Para el peronismo, que llega con líneas internas fuertes, el dilema no es teórico: es el modo en que se construye la lista 2027.
La reforma política no solo enfrenta a oficialismo y oposición; hoy funciona como un espejo de la interna de Unión por la Patria. El MDF de Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador se paran desde intereses distintos y eso explica por qué cada punto del paquete abre conflictos específicos. En reelecciones, el MDF necesita resolver el frente municipal y empuja cambios que beneficien a los intendentes; La Cámpora propone una salida selectiva —habilitar reelecciones indefinidas para legisladores y cargos deliberativos, pero sin incluir intendentes—, lo que en el kicillofismo se lee como una forma de preservar poder legislativo sin fortalecer a los jefes territoriales; el Frente Renovador, en cambio, defiende el límite de mandatos como bandera propia y resiste volver atrás. En boleta única, puede aparecer un acuerdo defensivo: el MDF no la toma como prioridad, La Cámpora cuestiona el debate por falta de diagnóstico sólido y el massismo la presenta como una discusión más comunicacional que estructural. En PASO, la coincidencia es parcial: hay predisposición a revisarlas o suspenderlas, pero el choque real pasa por el calendario, porque La Cámpora suele preferir esquemas que reduzcan el margen de maniobra del gobernador, mientras Kicillof busca conservar capacidad para administrar tiempos y alianzas. Todo esto se potencia con el conflicto político entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner: la reforma deja de ser un expediente legislativo y se convierte en una prueba de fuerza sobre quién ordena la provincia, quién define las reglas internas y qué sector llega con mayor control territorial y parlamentario a 2027.
La Libertad Avanza intenta capitalizar el escenario con dos ejes: boleta única y una ofensiva discursiva contra las reelecciones indefinidas. Pero el juego opositor es más amplio: con una Legislatura fragmentada, cualquier reforma exige acuerdos y cada votación se vuelve una negociación.
El PRO observa con interés la boleta única y la reforma en general, aunque su posición final dependerá de la ingeniería electoral y de la relación con los libertarios. Y en el medio aparecen los bloques que suelen inclinar balanzas —espacios vecinales o dialoguistas—, que en un año sin elecciones pueden convertir su voto en moneda de cambio para paquetes más amplios.
Lo que se discuta —y lo que se postergue— en 2026 definirá el clima del año siguiente. Si el peronismo no logra una síntesis, la reforma puede transformarse en un campo de disputa que profundice fisuras en lugar de ordenarlas. Si, en cambio, se alcanza un acuerdo “por paquete”, la Legislatura puede convertirse en el ámbito donde se negocie, en simultáneo, reglas electorales y conducción política.
En Buenos Aires, las reformas políticas casi nunca son neutrales. Reelecciones, boleta única y PASO no son temas técnicos separados: son herramientas que ordenan poder. Y por eso, aun sin urnas en el horizonte inmediato, la provincia se encamina a un debate que ya tiene efectos concretos: reconfigura negociaciones, expone diferencias internas y anticipa el mapa de alianzas con el que el principal distrito del país llegará a 2027.
