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Al sancionar la reforma de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la Cámara de Diputados concretó ayer parcialmente una tarea institucionalmente valiosa, pero políticamente filosa por restar un elemento clave a una gobernabilidad que Javier Milei no puede dar por descontada a partir de las elecciones legislativas del domingo 26. La votación arrojó 140 votos a favor y 80 en contra, lo que no asegura ni una insistencia tras el veto ya anunciado por el Presidente ni su eventual sostenimiento. Se viene una confrontación de poderes que probablemente se defina por el humor social que surja de las urnas.
La norma establece que un DNU sólo regiría con fuerza de ley cuando sea aprobado por las dos cámaras del Congreso. Además, deberá referirse a cuestiones puntuales y no ser uno de esos ómnibus en los que, por la puerta de atrás, se cuela cualquier exceso. Con todo, en el tratamiento en particular cayó el requisito de que los decretos sean aprobados dentro de los 90 días de publicados, lo que implicará que el trámite vuelva al Senado y se demore. Esto hace que el desenlace del 26 sea todavía más relevante para lo que pueda ocurrir cuando el camino se complete y el Presidente ejerza su derecho de veto.
El asunto es políticamente delicado por amenazar, como un torpedo bajo la línea de flotación, el precario esquema de gobernabilidad que hasta hace pocos meses había descansado en buena medida, justamente, en el abuso de los DNU y, por la vía ordinaria, en el veto a las leyes incómodas y la posterior resistencia de los "héroes" del paramileísmo, lo que ha incluido el oscuro recurso a los kuéideres y los vischis. ¿Volverán?
Lo sancionado ayer modifica el estado de cosas vigente desde 2006, cuando Néstor Kirchner gobernaba y Cristina Fernández de Kirchner marcaba el paso desde el legislativo. Curiosamente, esa regulación original nunca recibió los reproches que habría merecido con creces desde el punto de vista constitucional.
Según lo aprobado entonces, el DNU regía indefinidamente en tanto no fuera rechazado por las dos casas parlamentarias, lo que le daba al Poder Ejecutivo amplias facilidades para legislar, contra lo que establece de la división republicana de poderes, de espaldas al Congreso.
¿Qué pasará ahora?
Como te conté, el Círculo Rojo ya presentó los diez mandamientos de la nueva fórmula de gobernabilidad, traducida la semana pasada por Mauricio Macri a Milei en un cara a cara que pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 27. Donald Trump y el virrey del Protectorado Estadounidense del Río de la Plata, Scott Bessent, lidian con limitaciones domésticas para abrir la billetera en la medida que les gustaría y, mirando al país, le plantean condiciones llamativamente similares a Toto Caputo.
El ministro de Economía sigue abducido junto a todo su equipo en las oficinas del Departamento del Tesoro en Washington, lo que resulta elocuente respecto de dónde radica hoy el poder de decisión sobre la economía nacional, aquejada por una sangría de divisas que ayer sumó –o restó– 330 millones de dólares y que parece dejarle munición al Tesoro nacional apenas para la rueda de hoy. La próxima semana se empezarían a ventear los dólares que algún día la sociedad deberá devolverle al FMI.
La fórmula propuesta por todos esos actores decisivos incluye el restablecimiento de las alianzas con lo que queda del macrismo –parte del cual comenzó a manejarse con llamativa autonomía– y con gobernadores que supieron ser funcionales, pero fueron destratados y desafiados en sus territorios por los torpes armados electorales de Karina Milei. La parte violeta del radicalismo directamente está de regalo.
Ese sería el tercer rescate que reciba el Gobierno tras los financieros que extendió el FMI en abril y el que ahora apura Caputo en Washington sin que se conozcan precisiones sobre las pruebas de amor que impondrá,
