Según el gobierno, los medicamentos son un gasto para el paciente

Hay decisiones de gobierno que pueden medirse en puntos del producto bruto, millones de pesos o porcentajes de reducción del gasto público. Pero existen otras cuyo verdadero costo no aparece en ninguna planilla presupuestaria: el de una persona que no puede comprar el medicamento que necesita, el de una familia obligada a elegir entre alimentarse y sostener un tratamiento, el de una enfermedad que se agrava porque la medicación dejó de estar disponible.

La modificación del programa Remediar vuelve a poner esa realidad frente a nosotros.

Mediante la Resolución 1447/2026, publicada el 15 de octubre, el Ministerio de Salud de la Nación derogó el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 y estableció uno nuevo, orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares, con seis principios activos. Entre los medicamentos que ya no aparecen en ese listado se encuentran la amoxicilina, la metformina, la levotiroxina y el salbutamol, utilizados para tratar infecciones, diabetes, hipotiroidismo y enfermedades respiratorias, entre otras afecciones.

La resolución establece que el nuevo listado es orientativo y de referencia para las adquisiciones centralizadas y la planificación logística. Por eso, no sería correcto afirmar que la norma, por sí sola, prohíbe toda provisión nacional de los medicamentos excluidos. Sin embargo, la modificación se produce sobre un programa que ya venía sufriendo una reducción considerable de sus recursos y de las cantidades distribuidas.

Según datos recopilados por Chequeado, el presupuesto de Remediar cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026. Asimismo, los tratamientos dispensados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025. En la provincia de Buenos Aires, la provisión de unidades mínimas se redujo un 41% entre 2023 y 2025, mientras que los centros de salud abastecidos disminuyeron de 1.617 a 1.132.

Estas cifras corresponden a períodos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva resolución y, por lo tanto, no pueden atribuirse exclusivamente a ella. Pero muestran que la modificación normativa se inscribe en un proceso de deterioro de la provisión que exige explicaciones y una evaluación de sus consecuencias.

Remediar nació en 2002, en medio de una profunda crisis económica y social, con un objetivo concreto: garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros de atención primaria. Su importancia no residía solamente en distribuir remedios, sino en impedir que la falta de recursos económicos se convirtiera en una barrera para tratar enfermedades que podían controlarse oportunamente.

Hoy, cuando la pérdida de ingresos dificulta cada vez más afrontar los gastos cotidianos, el acceso gratuito a determinados tratamientos puede representar la diferencia entre mantener una enfermedad bajo control o padecer sus complicaciones. Una persona con diabetes no deja de necesitar medicación porque el Estado modifique sus prioridades presupuestarias. Un niño con dificultades respiratorias no puede esperar a que su provincia reorganice las compras. Una infección no se detiene ante una controversia entre jurisdicciones.

El Gobierno nacional sostiene que las provincias conservan sus responsabilidades en materia de provisión de medicamentos. Es cierto que las jurisdicciones provinciales tienen competencias sanitarias propias. Pero de esa responsabilidad no se desprende que la Nación pueda desentenderse de las consecuencias de reducir su participación, ni que todas las provincias tengan idéntica capacidad económica para sustituir los recursos que dejan de recibir.

La situación se agrava cuando, además, existen denuncias sobre transferencias de recursos que no se giran en tiempo y forma. En el caso de la provincia de Buenos Aires, resulta indispensable conocer qué fondos nacionales se encuentran comprometidos, cuáles fueron efectivamente transferidos, qué obligaciones permanecen pendientes y qué consecuencias tiene esa situación sobre la capacidad de sostener los servicios públicos.

No alcanza con reclamarles a las provincias que cubran los faltantes si no se transparentan los recursos disponibles y las obligaciones financieras de cada jurisdicción. Si a la reducción de medicamentos se suma la demora de fondos necesarios para sostener la atención sanitaria, la capacidad de respuesta provincial puede deteriorarse todavía más. El resultado sería una doble presión sobre el sistema público y, en última instancia, sobre las personas que dependen de él.

Pero hay otra dimensión que no deberíamos pasar por alto. Cuando el Estado deja de garantizar gratuitamente un medicamento esencial, no desaparece la necesidad ni desaparece su costo: alguien debe asumirlo. Si debe hacerlo una familia de bajos ingresos, el ajuste deja de ser solamente una reducción del gasto público y se convierte en una transferencia de cargas hacia quienes menos tienen.

El dinero que una familia destina a comprar un medicamento que antes recibía gratuitamente es dinero que ya no puede utilizar para alimentarse, pagar los servicios, sostener la vivienda o atender otras necesidades. Y cuando no puede comprarlo, el costo se expresa en el deterioro de su salud. El ahorro presupuestario de una administración puede convertirse así en un gasto privado para los hogares o en una necesidad adicional que deberán afrontar los hospitales y las provincias.

Por eso, la pregunta no es únicamente cuánto ahorra el Gobierno, sino quién soporta ese ahorro y quién se beneficia con él. Si las necesidades esenciales de los sectores populares pierden protección mientras otras decisiones fiscales favorecen proporcionalmente más a los sectores de mayores ingresos o a determinados grupos económicos, el resultado combinado puede ser una redistribución regresiva: quienes menos tienen soportan una parte creciente de los costos sociales, mientras los beneficios se distribuyen de manera desigual.

No se trata de afirmar, sin examinar las cuentas públicas, que cada peso recortado en medicamentos termina en manos de un grupo económico. Se trata de exigir que el Gobierno explique el destino de los recursos liberados, qué otras partidas se incrementan o disminuyen y cuáles son los efectos distributivos del conjunto de sus decisiones presupuestarias y tributarias.

La discusión sobre Remediar no puede separarse, entonces, de una pregunta más amplia acerca del modelo económico. ¿Quién paga el costo de la reorganización del Estado? ¿Quién pierde protección cuando se reducen las prestaciones públicas? ¿Quién dispone de mayores recursos cuando las familias deben afrontar de su propio bolsillo necesidades que antes se financiaban colectivamente?

Estas preguntas no se responden solamente con el resultado fiscal. Requieren analizar la distribución del ingreso, la estructura tributaria, los subsidios, las transferencias y el destino efectivo del ahorro público. Porque una reducción del gasto puede mejorar una cuenta presupuestaria y, al mismo tiempo, empeorar las condiciones de vida de una parte de la población.

El derecho a la salud, reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos, exige algo más que la existencia formal de hospitales y centros sanitarios. Requiere condiciones reales de acceso, especialmente para quienes carecen de recursos para afrontar la atención privada. Las restricciones presupuestarias pueden obligar a revisar prioridades, pero no eximen al Estado de evaluar las consecuencias de sus decisiones ni de adoptar medidas para proteger a los sectores más vulnerables.

Tampoco debemos esperar a que los hospitales se saturen o que las estadísticas de mortalidad reflejen un deterioro para preguntarnos si el camino elegido era razonable. La prevención es precisamente lo que permite evitar complicaciones, internaciones y sufrimientos que podrían haberse impedido mediante una atención oportuna.

El supuesto ahorro de hoy puede convertirse en un costo sanitario y social mucho mayor mañana. Pero, aun si no fuera así desde el punto de vista contable, quedaría pendiente la pregunta esencial: ¿qué valor tiene una política de reducción del gasto si sus consecuencias recaen sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse?

Un medicamento no es un lujo cuando resulta necesario para tratar una enfermedad. La atención primaria no es un gasto prescindible cuando evita que una afección se convierta en una emergencia. Y la responsabilidad estatal no puede diluirse entre oficinas nacionales y provinciales mientras las personas esperan una respuesta.

Por eso, el Congreso de la Nación debe exigir información precisa sobre la evolución de las compras y entregas de medicamentos, el impacto de la modificación de Remediar, los recursos comprometidos con las provincias y las medidas previstas para garantizar la continuidad de los tratamientos. También debe conocer cuál es el ahorro fiscal proyectado, cómo se reasignan esos recursos y qué impacto tiene el conjunto de las decisiones económicas sobre la distribución del ingreso.

La discusión no debería agotarse en una disputa entre el Gobierno nacional y las provincias. Se trata de determinar qué Estado se está construyendo, qué derechos se protegen y cuáles quedan subordinados a la capacidad de pago de cada persona.

Porque detrás de cada medicamento hay una persona. Y detrás de cada decisión presupuestaria que afecta su acceso hay una responsabilidad pública que debe poder explicarse, medirse y exigirse.

La salud de un pueblo no puede depender de cuánto dinero tiene cada uno en el bolsillo. Y el costo del ajuste no puede recaer siempre sobre los mismos mientras permanecemos sin saber quiénes se benefician con el supuesto ahorro.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."