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La coincidencia entre la decisión de Javier Milei de vetar tres leyes de contenido reparador recientemente aprobadas por el Congreso y la decisión de una –aparente– mayoría de la Cámara de Diputados de avanzar mañana con otras iniciativas ilumina la incapacidad del sistema político de echar a andar a la Argentina por un sendero de reformas económica, social y políticamente sustentable. Sin eso, sin mecanismos de diálogo y concertación que involucren a verdaderas mayorías, ¿hay chances de que se dé por fin una marcha hacia el futuro o, en cambio, sólo se obtiene la garantía de un interminable vagar por el laberinto nacional conocido?
La Oficina del Presidente, una entidad no oficial que, como tantas virtualidades de la Argentina paleolibertaria, vive en las redes sociales, anunció ayer el descontado veto al alivio a la licuación de las jubilaciones, a la prórroga de la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad.
En tanto, esa nebulosa imprecisa que se da en llamar "oposición" empuja para instalar mañana en la Cámara Baja una sesión que trate de convertir en ley los proyectos de los gobernadores sobre la automaticidad del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el giro directo a las provincias del dinero destinado hasta ahora a fondos fiduciarios que el Gobierno canceló de facto. Asimismo, busca darle media sanción a un refuerzo del financiamiento de las universidades y del Garrahan, y la insistencia en una ley de emergencia para Bahía Blanca.
La coincidencia resulta elocuente a varios niveles. Parece más bien una "sincronicidad", como diría Carl Jung, que pone en juego algo más significativo que la mera probabilidad del azar.
En todo lo mencionado se juegan asuntos relevantes de índole social, presupuestaria, de modelo de país e incluso –tal vez– electoral. Y, más de fondo, un fenomenal nudo institucional.
Lo primero es obvio por dirimir un aumento del 7,2% de las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono de los actuales y congelados 70.000 pesos a 110.000, así como su actualización futura por inflación. Además, impactarían una extensión de la moratoria previsional por dos años y una ley de Emergencia en Discapacidad que permitiría regularizar pagos y actualizar prestaciones.
Lo segundo –lo presupuestario– es el obstáculo esgrimido por el Gobierno. Según ha dicho y repetido el Presidente, "las necesidades son infinitas y los recursos no", idea que reforzó denostando el concepto de que "de toda necesidad nace un derecho".
El problema es que el argumento cae por su propio peso cuando se toma nota de que él mismo viene de reducir una imposición como las retenciones a las exportaciones del campo, seguramente defendible en sí, pero que marca una preferencia de tipo ideológica. Esto, claro, lleva a la cuestión de los modelos de país en liza. Y más allá…
