Un fiscal federal de San Martín, denunciado por abuso sexual por su secretaria: el caso llegó otra vez a Casación
Una causa judicial que lleva casi una década vuelve a poner bajo la lupa al fiscal federal de San Martín Miguel Ángel Blanco García Ordás, denunciado por una empleada que trabajaba bajo sus órdenes por presuntos abusos sexuales y situaciones de acoso laboral. El expediente tuvo dos sobreseimientos y un procesamiento que posteriormente fue revocado. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si corresponde reabrir la investigación.
La denuncia fue presentada en 2017 por una mujer identificada como María Aurelia, quien había ingresado al Ministerio Público Fiscal en 1997 y llegó a desempeñarse como jefa de despacho de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, dependencia encabezada por García Ordás.
Según consta en el expediente, la empleada describió una serie de situaciones que se habrían prolongado durante años, entre ellas contactos físicos no consentidos, comentarios de contenido sexual y conductas que consideró intimidatorias, en el marco de una relación laboral marcada por la subordinación jerárquica.
Entre los elementos incorporados a la investigación aparecen tarjetas de cumpleaños que el fiscal le habría entregado a su secretaria. Una de ellas contenía una dedicatoria que terminaba con la expresión “¡Mucho sexo!”, mientras que otra hacía referencia a las “virtudes de una gata”.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la denunciante también aseguró que el funcionario le mostró material pornográfico, realizó comentarios sobre su cuerpo y su ropa interior y, en una oportunidad, le exhibió preservativos que guardaba en el baño de su despacho, señalando que se habían vencido porque ella no había querido utilizarlos con él.
La mujer vinculó además parte de las situaciones denunciadas con un conflicto laboral por un ascenso que consideraba que le correspondía. Según su testimonio, cuando reclamó por esa promoción, el fiscal le respondió que ella “sabía qué tenía que hacer”. Mientras la querella interpretó la frase como una insinuación sexual, la defensa del funcionario sostuvo que se trataba de una referencia a las exigencias propias del desempeño laboral.
Aunque la presentación incluyó numerosos episodios, la investigación penal se concentró especialmente en dos hechos. En uno de ellos, ocurrido presuntamente en la antigua sede de la Fiscalía, García Ordás habría tomado a la mujer de los hombros y la habría arrinconado contra un mueble mientras le decía “qué linda que sos”.
El segundo episodio denunciado consistió en supuestos rozamientos con la zona genital del fiscal cuando pasaba detrás de la empleada en el sector de cocina de la dependencia.
Durante la investigación declararon familiares y testigos que aportaron información sobre los episodios relatados. La madre y la hermana de la denunciante aseguraron que conocían algunas de esas situaciones desde antes de 2002, mientras que otras personas describieron comportamientos del funcionario dentro de la oficina.
El recorrido judicial comenzó a registrar decisiones contrapuestas en julio de 2020, cuando García Ordás fue sobreseído en primera instancia. La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó esa resolución en noviembre del mismo año, pero la querella acudió a Casación.
El 25 de agosto de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento al considerar que las pruebas no habían sido evaluadas de manera integral ni bajo los criterios correspondientes a investigaciones por violencia de género.
Uno de los aspectos cuestionados fue el razonamiento utilizado para descartar los presuntos contactos físicos por considerar improbable que ocurrieran reiteradamente en una oficina compartida sin que otros empleados los observaran.
Tras esa decisión, se incorporaron nuevos testimonios y el fiscal fue convocado a prestar declaración indagatoria. El 2 de septiembre de 2024, la Justicia resolvió procesarlo por abuso sexual en relación con los dos episodios físicos denunciados y dispuso un embargo de 1,5 millones de pesos.
Sin embargo, el 26 de diciembre de ese mismo año, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento y dictó un nuevo sobreseimiento. Los camaristas consideraron que, si bien los contactos denunciados podían haber ocurrido, resultaba difícil que conductas reiteradas de esas características hubieran pasado inadvertidas en el ámbito laboral.
La resolución fue nuevamente apelada por la querella, que cuestionó que se recurriera a un argumento similar al que Casación había rechazado en 2022. También sostuvo que los distintos hechos denunciados debían analizarse en conjunto y no como episodios aislados.
El expediente se encuentra ahora en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si mantiene el segundo sobreseimiento o dispone una nueva revisión de la causa.
Por el momento, García Ordás no tiene una condena por los hechos denunciados y el procesamiento que se había dictado en 2024 fue dejado sin efecto. La discusión judicial continúa centrada en la valoración de las pruebas y en determinar si existen elementos suficientes para que la investigación avance.
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