De Japón a San Isidro: cuando el progreso empieza a perder su sentido

En Japón existe una palabra que describe una realidad estremecedora: Kodokushi. Se utiliza para referirse a las personas que mueren solas en sus hogares, sin que nadie advierta su fallecimiento durante días, semanas o meses. Según los datos difundidos para 2025, alrededor de 77.000 personas que vivían solas murieron en sus domicilios; más de 22.000 fueron halladas después de ocho días y 208, más de un año después.

Un año entero. En una sociedad reconocida por su tecnología, su infraestructura y su capacidad productiva, esa cifra revela una paradoja que no se resuelve con admiración ni con condenas fáciles. El envejecimiento, los cambios en los vínculos familiares y las transformaciones sociales intervienen en un fenómeno complejo; no sería serio atribuirlo directamente al desarrollo urbano. Pero sí nos obliga a preguntarnos qué estamos midiendo cuando hablamos de progreso.

La pregunta tampoco es exclusivamente japonesa. En Argentina, los datos oficiales sobre suicidio entre jóvenes (una problemática multicausal que no debe confundirse con las muertes en soledad pero si con aislamientos emocionales) recuerdan la importancia de la salud mental, los vínculos y las redes de acompañamiento. Las ciudades pueden multiplicar las oportunidades económicas, o destruirlas y, al mismo tiempo, dejar necesidades humanas fundamentales sin respuesta. No existe una fatalidad urbana que conduzca al aislamiento: existen decisiones sobre qué priorizar y qué relegar.

En San Isidro, esa reflexión adquiere una dimensión concreta. Porque discutir el desarrollo no es decidir si queremos o no inversiones. Es decidir qué entendemos por una ciudad que mejora y quiénes participan de esa mejora.

La ciudad no es una suma de parcelas. San Isidro tiene una identidad construida durante generaciones: sus barrios, sus instituciones, su arbolado, su patrimonio arquitectónico y su vínculo histórico y heroico con el Río de la Plata. No se trata de congelar esa identidad. Una ciudad necesita renovarse, generar empleo, ofrecer viviendas y ampliar servicios. Pero una cosa es orientar esas transformaciones con una visión compartida y otra permitir que la suma de proyectos particulares termine definiendo, por acumulación, el destino del conjunto.

Un edificio no modifica solamente el terreno que ocupa. Cambia demandas de infraestructura, tránsito, estacionamiento y paisaje. Un gran emprendimiento comercial no agrega únicamente locales: reorganiza flujos de consumidores, empleo y actividad económica. Una intervención sobre una barranca o un humedal no altera solamente una superficie: puede modificar funciones ambientales y espacios de encuentro cuya pérdida afecta a muchos más que a sus propietarios.

Ahí aparece una asimetría decisiva: los beneficios de una inversión suelen ser visibles, inmediatos y cuantificables; parte de sus costos puede dispersarse entre vecinos, comerciantes, servicios públicos y generaciones futuras. Esos efectos, que la economía llama externalidades, no desaparecen porque queden fuera del balance de quien construye.

La actividad que llega y la que puede irse. La ampliación de Unicenter, por ejemplo, permite observar esta tensión. El proyecto prevé más de 20.000 metros cuadrados adicionales y unos 85 locales. En encuentros con vecinos de la zona surgieron inquietudes por el tránsito, el estacionamiento y la tranquilidad de las calles residenciales. El área de Paraná, Edison y Panamericana ya presenta exigencias de circulación que requieren un análisis riguroso.

No alcanza con estudiar un día promedio. ¿Qué ocurre durante las semanas previas a días festivos, cuando se multiplican los viajes y las necesidades de estacionamiento? ¿Quién garantiza las obras de mitigación, en qué plazos y con qué seguimiento? Una autorización que parece rápida y eficiente en el plano de un predio puede producir efectos muy diferentes cuando se la mira desde la escala de un barrio.

La discusión se amplía si dejamos de mirar solamente lo que abrirá y observamos también lo que ya existe. En las áreas comerciales de San Isidro, Martínez, Béccar, Boulogne y Villa Adelina hay persianas bajas y locales en alquiler. No corresponde afirmar, sin un relevamiento, que cada nueva apertura en Unicenter provocará un cierre en esos corredores. Pero tampoco sería razonable presentar la creación de locales como un beneficio neto sin investigar si se genera demanda nueva o si parte del consumo se desplaza desde los comercios de cercanía que ya vienen golpeados con la merma en el consumo minorista mes a mes. El análisis económico debería abarcar tanto el trabajo anunciado como el trabajo existente que necesitamos sostener.

Un comercio barrial no es únicamente una caja registradora. Genera empleo, relaciones con proveedores, circulación peatonal, cercanía y vida cotidiana. Una calle con locales activos funciona de otra manera que una calle de persianas cerradas. La concentración comercial puede ofrecer comodidad y escala, pero también plantea preguntas sobre la diversidad económica y la distribución territorial de las oportunidades. No se trata de enfrentar al shopping con los comerciantes: se trata de no confundir el crecimiento de un emprendimiento con el bienestar económico del distrito entero. Lo que vale aunque no se venda.

En Madrid, gobernada por la derecha, padecen los estragos de un gobierno que prioriza el mercado sobre el bien común

Esa misma dificultad para medir lo que importa reaparece en la discusión ambiental. Un terreno sin edificar suele ser presentado como una oportunidad pendiente; un espacio natural, como una superficie que todavía no produce todo el valor que podría producir. Pero un árbol no es un terreno improductivo, un humedal no es un vacío y una barranca no es solamente una reserva de metros cuadrados comercializables.

La vegetación ayuda a moderar temperaturas; los suelos permeables absorben lluvias frente a nuevos desafios críticos multicausales por las diversas formas de contaminación, los ambientes ribereños sostienen biodiversidad y los parques permiten que personas de distintas edades se encuentren sin necesidad de consumir. Esos beneficios pueden no figurar en una operación inmobiliaria, pero su pérdida tiene consecuencias reales, a veces irreversibles.

Según distintas estimaciones, que varían de acuerdo con los criterios utilizados para medir los espacios verdes públicos, San Isidro dispone de alrededor de poco más dos metros cuadrados de espacio verde público por habitante. La escasa disponibilidad es preocupante para la salud, el bienestar, la recreación y las posibilidades de contacto cotidiano con la naturaleza. Y la cifra general no cuenta toda la historia: importa también cómo se distribuyen esos espacios. No es lo mismo vivir cerca de la costa que tener que atravesar el distrito para llegar a ella.

Las diferencias entre el este y el oeste de San Isidro no deberían quedar ocultas detrás de una imagen homogénea de municipio arbolado. La pregunta no es solamente cuánta naturaleza existe, sino quién puede disfrutarla, cómo se conecta con los barrios y qué oportunidades públicas ofrece en Boulogne, Villa Adelina, Béccar, Martínez y el resto de las localidades.

La costa del Río de la Plata resume esta tensión. Abrirla a más vecinos no debería significar cubrirla de cemento: mejorar accesos y servicios debe ser compatible con proteger sus suelos, su vegetación y su biodiversidad. La inclusión también exige que los vecinos del oeste puedan disfrutarla, sin convertir la naturaleza que buscamos acercar en aquello que terminamos perdiendo.

Las discusiones sobre la barranca de Alvear y la preservación de ambientes costeros muestran por qué importa evaluar cada intervención con rigor. No toda construcción es incompatible con el cuidado ambiental; tampoco toda obra presentada como puesta en valor mejora automáticamente un lugar.

Acá aparece un problema de la temporalidad y sus plazos. Una gestión municipal dura cuatro años. Una excepción urbanística puede aprobarse en un período breve. Pero un edificio permanece durante generaciones y la transformación de una barranca puede ser irreversible. Los tiempos de una inversión, los de un mandato y los de la naturaleza no coinciden.

Por eso corresponde examinar con especial atención los procedimientos de autorización, las modificaciones normativas y las excepciones vinculadas a proyectos de gran escala. La rapidez administrativa es positiva cuando elimina obstáculos innecesarios; deja de ser una virtud si reduce la posibilidad de estudiar estudios ambientes y viales o de escuchar objeciones fundadas. La agilidad debería beneficiar también a pequeños comerciantes, instituciones y vecinos, no solamente a quienes impulsan grandes desarrollos.

La planificación es, en ese sentido, una responsabilidad intergeneracional. Quienes hoy deciden no serán necesariamente quienes deban afrontar mañana los problemas de tránsito, la pérdida de biodiversidad o la insuficiencia de infraestructura. Una ciudad no debería organizar su futuro según la urgencia del próximo expediente ni del próximo calendario electoral.

Dos conflictos y una pregunta que sigue abierta. El 21 de mayo de 2025, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 9395 para declarar Paisaje Protegido Municipal a un sector de la ribera conocido como Parque Águila Grande, en Martínez. La iniciativa proponía resguardar su flora, su fauna y las

características naturales de un espacio costero que los vecinos buscaban preservar. Pero la decisión legislativa no llegó a consolidarse: el intendente Ramón Lanús la vetó. El Ejecutivo planteó objeciones técnicas y presupuestarias, además de diferencias respecto de las intervenciones previstas para abrir y recuperar la costa. La pregunta quedó instalada: ¿Cómo garantizar el acceso público al río sin comprometer aquello que le da valor ambiental?.

Mientras esa controversia atravesaba la ribera, en Boulogne se desarrollaba otro conflicto. En junio de 2025, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes sobre las autorizaciones del emprendimiento Urbana Santa Rita, proyectado en terrenos del antiguo Arsenal Esteban de Luca. Organizaciones vecinales reclamaban preservar el predio como espacio verde público. Dadas irregularidades varias el HCD aprobó un pedido de informe sobre el expediente de impacto ambiental de este nuevo barrio cerrado. La respuesta fue nuevamente un veto por parte del intendente Lanus. Ambas controversias dejaron expuesta la misma tensión: decisiones capaces de transformar espacios durante generaciones en beneficios de pocos frente a comunidades que reclaman participar en su destino. El veto es una facultad institucional legítima pero su recurrencia marca un sentido político concreto y una baja intensidad democrática. El veto no reemplaza, por sí solo, la necesidad de una discusión pública fundada y sostenida.

Eso exige superar una lectura partidaria automática de los problemas locales. Un vecino puede haber votado a una gestión y cuestionar una obra que afecta su barrio; puede defender la inversión privada y reclamar protección ambiental; puede preocuparse al mismo tiempo por el empleo, la vivienda y los espacios públicos. No hay contradicción necesaria. Las identidades políticas no deberían reemplazar la evaluación concreta de cada decisión.

¿Para quiénes estamos construyendo? El Censo 2022 muestra que cerca de una cuarta parte de la población de San Isidro tiene 60 años o más. El envejecimiento demanda políticas de accesibilidad, cuidados y acompañamiento. Pero también obliga a mirar hacia el otro extremo de la vida: ¿Qué oportunidades encuentran los jóvenes para quedarse en el distrito donde crecieron?.

Construir más viviendas no significa, por sí solo, ampliar el acceso a la vivienda. Hay que conocer sus precios, dimensiones, destinatarios y relación con los ingresos locales. ¿Estamos generando alternativas para quienes quieren independizarse o ampliando principalmente la oferta para quienes ya tienen capacidad de inversión? La salida de jóvenes del distrito no puede darse por demostrada sin datos de movilidad residencial; precisamente por eso deberíamos medirla. El futuro de los jóvenes tampoco se juega solamente en un contrato de alquiler. También depende de la existencia de clubes, plazas, actividades culturales, deportes, escuelas y espacios donde construir vínculos. Son parte de una infraestructura social que ayuda a sostener el bienestar, acompañar a los mayores y ofrecer oportunidades de encuentro. Su valor rara vez se expresa en el precio del metro cuadrado, pero es fundamental para la vida comunitaria.

Así regresamos al punto de partida. Japón nos recuerda que el avance material no resuelve automáticamente las necesidades humanas. San Isidro debe encontrar sus propias respuestas sin tratar cada problema como si fuera independiente del siguiente.

El tránsito, el comercio, el empleo, la vivienda, la salud mental, el ambiente y la participación democrática se relacionan. Sus efectos se suman, se refuerzan y a veces se vuelven más difíciles de revertir cuanto más se demora una mirada integral. Esa acumulación es lo que deberíamos anticipar antes de que el futuro quede definido por una secuencia de decisiones aisladas.

No necesitamos elegir entre una ciudad inmóvil y una ciudad que cambia sin preguntarse hacia dónde. Necesitamos una ciudad capaz de crecer sin expulsar oportunidades, de invertir sin trasladar todos los costos, de abrir su costa sin perder su naturaleza y de escuchar a quienes deberán convivir con las consecuencias de los cambios que promueve.

El verdadero progreso no consiste en construir todo lo que resulta posible. Consiste en tener la inteligencia colectiva para decidir qué necesitamos construir, qué debemos preservar y, sobre todo, para quiénes estamos creciendo.

Porque una gestión termina a los cuatro años. La ciudad que deja, no.