Luces y sombras de la macro de Milei: el éxito del déficit cero y los límites de la economía real

Uno de los principales cambios introducidos por la administración libertaria fue colocar el equilibrio fiscal en el centro de la política económica. Después de años de déficits recurrentes, el Gobierno implementó un programa de reducción del gasto público, recortes de subsidios, disminución de transferencias discrecionales y paralización o postergación de numerosas obras financiadas por el Estado nacional.

Los resultados fiscales reflejan ese cambio. Según informó el Ministerio de Economía, en septiembre de 2026 el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,43 billones y un superávit financiero de $977.173 millones. En los primeros nueve meses del año, el resultado financiero positivo acumulado representó aproximadamente el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

La diferencia entre ambos indicadores es importante. El resultado primario contempla los ingresos y gastos del Estado sin computar los intereses de la deuda, mientras que el financiero incorpora esos pagos según la metodología oficial. Que ambos sean positivos significa que el Tesoro nacional logró equilibrar sus cuentas incluso después de contabilizar los intereses incluidos en esa medición.

Sin embargo, el superávit fiscal no implica que Argentina haya dejado de endeudarse ni que pueda afrontar automáticamente todos sus compromisos financieros. El pago de capital de la deuda no se considera un gasto en el cálculo del resultado fiscal, mientras que determinadas operaciones financieras, como la capitalización de intereses, requieren un análisis adicional de la evolución de los pasivos.

Esta distinción resulta fundamental para comprender el funcionamiento del programa económico. Un gobierno puede registrar superávit y, al mismo tiempo, necesitar renovar vencimientos, obtener nuevos créditos o recurrir a organismos internacionales para administrar sus obligaciones.

De hecho, en abril de 2025 la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa por US$20.000 millones. En mayo de 2026, el organismo informó que los desembolsos acumulados bajo ese acuerdo habían alcanzado aproximadamente los US$15.800 millones.

El financiamiento del FMI cumple una función diferente a la emisión monetaria destinada a cubrir gastos corrientes. Está vinculado con las necesidades financieras externas, el fortalecimiento de la posición de reservas y la administración de compromisos del país. No obstante, constituye endeudamiento que deberá ser atendido bajo las condiciones pactadas.

Por eso, afirmar que el programa de Milei se sostiene exclusivamente mediante deuda sería incorrecto, dado el equilibrio fiscal alcanzado. Pero también sería equivocado sostener que el país ya superó su dependencia del financiamiento externo.

La segunda transformación importante se observa en los precios. Cuando Milei asumió, en diciembre de 2023, Argentina atravesaba una aceleración inflacionaria que había deteriorado el poder adquisitivo de los salarios y aumentado la incertidumbre económica. En septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba mensual del 1,9%, según el INDEC.

La desaceleración de la inflación constituye uno de los principales resultados de la política de estabilización. Sin embargo, es necesario distinguir entre una reducción del ritmo de aumento de los precios y una disminución efectiva de los precios. Que la inflación mensual sea menor significa que los bienes y servicios continúan encareciéndose, aunque a una velocidad considerablemente inferior a la registrada durante los períodos de mayor inestabilidad.

También importa cómo se distribuye esa evolución entre los distintos gastos familiares. En septiembre, la canasta básica total acumulaba un incremento interanual del 38,7%, mientras que la canasta alimentaria registraba una suba del 40%. Esto demuestra que la estabilidad general de precios no necesariamente se traduce de manera uniforme en todos los componentes del presupuesto de un hogar.

Otro aspecto central es el comportamiento de los ingresos. Una reducción de la inflación puede favorecer la recuperación del salario real si las remuneraciones aumentan por encima de los precios. Pero ese resultado no es automático y puede variar considerablemente entre trabajadores privados registrados, empleados públicos, trabajadores informales, jubilados y personas que dependen de prestaciones sociales.

En agosto de 2026, el índice general de salarios del INDEC aumentó un 2,7% mensual y un 35,6% interanual. El mismo informe registró incrementos mensuales del 2,8% para el sector privado registrado, 2,3% para el sector público y 3% para el privado no registrado. Estas cifras deben compararse con la inflación correspondiente a los mismos períodos para determinar la evolución real del poder adquisitivo, sin asumir que todos los sectores experimentaron idénticos resultados.

La situación del mercado laboral y de la actividad económica también presenta diferencias importantes respecto de la evolución de los precios. Durante el segundo trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,9% de la población económicamente activa. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró en agosto una caída interanual del 1,7%, aunque mostró un incremento desestacionalizado del 0,1% frente a julio.

Los datos evidencian que una economía puede mostrar avances en la estabilización monetaria y fiscal sin registrar necesariamente una expansión sostenida de la producción y el empleo en todos los sectores.

La industria constituye un ejemplo de esa situación. En agosto de 2026, la utilización de la capacidad instalada fue del 58,5%, por debajo del 59,6% registrado un año antes. En otras palabras, una parte considerable de la capacidad productiva disponible permanecía sin utilizarse plenamente.

Las dificultades también se reflejan en el consumo. Las ventas de los supermercados a precios constantes disminuyeron un 3,7% interanual en agosto, según el INDEC. Este indicador permite observar la evolución de un segmento importante del comercio minorista, aunque no representa por sí solo la totalidad del consumo privado.

La pobreza ofrece otra perspectiva necesaria para evaluar los resultados sociales. Según el INDEC, el 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia alcanzaba el 7,5%.

La comparación histórica exige considerar más de un período. Al cierre de 2023, la pobreza se ubicaba en el 41,7%. Durante el primer semestre de 2024, en medio del impacto inicial del ajuste y la aceleración de los precios, llegó al 52,9%. Posteriormente descendió hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025, antes de volver a aumentar al 32,3% durante los primeros seis meses de 2026.

Por lo tanto, los últimos datos muestran una pobreza inferior a la registrada al finalizar la gestión anterior, pero superior a la del semestre inmediatamente precedente. Ambas comparaciones son relevantes y ninguna, considerada aisladamente, describe toda la evolución social del período.

En materia de crecimiento, también es necesario evitar conclusiones basadas exclusivamente en un mes. Después de una contracción del PBI del 1,3% en 2024, la economía argentina creció un 4,4% en 2025, de acuerdo con las cifras utilizadas por el FMI en su evaluación de mayo de 2026. Sin embargo, los indicadores de actividad disponibles para 2026 muestran un desempeño desigual, por lo que aquella recuperación anual no garantiza por sí misma una expansión continua.

El sector externo presenta, a su vez, indicadores positivos y desafíos pendientes. En septiembre de 2026, Argentina registró exportaciones de bienes por US$10.036 millones e importaciones por US$7.060 millones, con un superávit comercial de US$2.976 millones. Se trató del trigésimo cuarto mes consecutivo con saldo comercial positivo.

Ese resultado contribuye a la disponibilidad de divisas, pero tampoco debe confundirse con un aumento equivalente de las reservas internacionales. La balanza comercial de bienes no contempla todas las operaciones de servicios, rentas, movimientos financieros y pagos de deuda que también influyen en la disponibilidad de dólares del país.

Justamente allí se encuentra uno de los desafíos del programa oficial: consolidar una posición externa que permita afrontar los vencimientos financieros sin depender de manera recurrente de nuevas operaciones extraordinarias de financiamiento.

El propio FMI reconoció avances en la estabilización y en las reformas económicas, pero en su revisión de mayo de 2026 también señaló que Argentina había incumplido la meta de acumulación de reservas internacionales netas correspondiente a diciembre de 2025. El organismo destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección frente a eventuales shocks externos y advirtió que persistían riesgos elevados.

En consecuencia, la discusión sobre el endeudamiento debe distinguir tres situaciones: tomar deuda para financiar gastos corrientes, renovar obligaciones existentes y conseguir financiamiento para fortalecer la liquidez externa. Son operaciones distintas, aunque todas pueden afectar los compromisos futuros del Estado y su vulnerabilidad financiera.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, tampoco alcanza con observar el monto nominal de la deuda. Es necesario analizar su relación con el PBI, la moneda en la que está denominada, los plazos de vencimiento, las tasas de interés, los acreedores y la capacidad del país para obtener los recursos necesarios para pagarla.

La estrategia del Gobierno se apoya en la estabilidad fiscal, la reducción de la inflación, la desregulación, la apertura económica y la búsqueda de mayores inversiones privadas. Sus defensores consideran que esas condiciones permitirán mejorar la productividad y favorecer un crecimiento sostenido. Sus críticos cuestionan los costos sociales del ajuste, el desempeño de la industria y el empleo, y los riesgos de una apertura económica sin una mejora suficiente de la competitividad.

Ambas discusiones deben contrastarse con resultados verificables. La estabilidad macroeconómica puede crear mejores condiciones para invertir y producir, pero no garantiza por sí misma un aumento de la productividad, del empleo formal o de los salarios reales. Del mismo modo, una expansión del gasto público puede estimular temporalmente la actividad, especialmente cuando existe capacidad ociosa, pero necesita financiamiento sostenible para no generar nuevas tensiones fiscales, monetarias o cambiarias.

La cuestión de fondo trasciende la discusión entre el Gobierno y la oposición. Argentina necesita que la reducción de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas sean compatibles con una economía capaz de generar empleo, aumentar las exportaciones, atraer inversión productiva y mejorar los ingresos de los hogares.

Los indicadores disponibles muestran avances en determinadas variables de estabilización y resultados menos favorables en parte de la economía real y de las condiciones sociales. También reflejan que la restricción externa y la administración de la deuda continúan siendo asuntos relevantes.

El interrogante económico para los próximos años no es solamente si Argentina puede mantener una inflación reducida o preservar el superávit fiscal, sino si esos resultados podrán sostenerse junto con una recuperación consistente de los salarios, el consumo, la producción y el empleo, sin recurrir periódicamente a financiamiento extraordinario para afrontar sus compromisos externos.