Iniciado el martes y por 96 horas. En tanto, prestadores privados estarán parando miércoles 21 y jueves 22 de octubre, respectivamente.

“El PAMI está sin fondos, detonado, incendiado”, confió una fuente a la prensa mientras médicos de cabecera y los odontólogos de la entidad llevan adelante un paro nacional de 96 horas en reclamo de una mejora en los valores que perciben por sus prestaciones. La medida comenzó ayer y se extenderá hasta el viernes, en un conflicto que, según explicaron desde el sector, se arrastra desde abril, cuando se implementaron cambios en el sistema de facturación.

Junto a este conflicto, que se remonta prácticamente desde la llegada de Milei al gobierno, CAPRESS -Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social-, Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia llevarán adelante, los próximos miércoles 21 y jueves 22 de octubre, una medida de suspensión de servicios para los afiliados de PAMI.

Al paro que lleva adelante la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) se le suma el gremio de Sanidad que paralizará la atención en clínicas y sanatorios (FATSA) que, con menos espaldas que prestadores, constituyen otra de las víctimas del modelo ideológico que regente a La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR.

CAPRESS denunció que el gobierno no lo atiende, dicho esto luego de pedir audiencia con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Dentro de este contexto, los prestadores impulsan una “reforma tributaria” que todavía no encuentra eco muy a pesar de que desde la oposición acompañarían a este sector PyMe nacional.

En este contexto, CAPRESS, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia advierten que está en juego, en primer lugar, la atención de la salud de los afiliados a PAMI; pero además, dado el impacto del problema en clínicas y sanatorios, se encuentran indirectamente en riesgo la economía del conjunto de los prestadores y la de sus trabajadores, lo que pone en jaque al sistema sanitario en su conjunto.

Los prestadores privados de salud representan, aproximadamente, el 51% de los establecimientos de salud con internación (más de 1.600 instituciones) y el 56% de las camas disponibles (más de 120.000).

En este contexto, las entidades advierten que resolver la situación con PAMI resulta “urgente y necesario” para preservar la “continuidad y la calidad de la atención”, tanto de sus afiliados como de la población en general en todo el país.