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La seguridad privada no puede evaluarse únicamente por el resultado final, también por la calidad de su diseño y la efectiva implementación de los medios comprometidos.
a sentencia reabrió una pregunta crítica para más de mil urbanizaciones del país: ¿un robo prueba por sí solo que el sistema falló? CASEL advierte que ningún dispositivo puede prometer “riesgo cero” y reclama niveles de protección medibles, auditables y claramente informados a los residentes.
Un robo ocurrido en noviembre de 2018 dentro de un barrio privado de Tigre terminó convirtiéndose, casi ocho años después, en una señal de alerta para toda la industria. En julio de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó sustancialmente la responsabilidad por el hecho y distribuyó su incidencia interna: 80% para la empresa de seguridad y el 20% restante entre la desarrolladora y la entidad administradora del complejo.
El dato es impactante, pero la discusión que abre el fallo es todavía mayor: si ocurre un delito dentro de una urbanización, ¿el hecho demuestra por sí solo que la seguridad incumplió? ¿O la Justicia debe analizar qué nivel de protección se prometió, qué recursos fueron contratados y si esos medios funcionaron de acuerdo con los procedimientos previstos?
No se trata de un debate marginal. Un relevamiento privado disponible en 2026 registra 1.480 countries y barrios cerrados en nueve provincias, con 87 urbanizaciones en Pilar y 53 en Tigre. Para miles de familias, administraciones y empresas prestadoras, la respuesta puede redefinir contratos, expensas, inversiones y responsabilidades.
La pregunta que cambia todo: ¿medios o resultados? La diferencia jurídica puede explicarse de manera sencilla. Si la seguridad es considerada una obligación de resultado, la existencia de un robo puede funcionar casi como prueba automática del incumplimiento. Si se la entiende como una obligación de medios, debe determinarse si hubo negligencia: si el dispositivo era razonable para el riesgo, si estaba correctamente diseñado y si los recursos humanos, tecnológicos y procedimentales comprometidos fueron efectivamente implementados.
La Cámara apoyó su decisión en el deber de seguridad previsto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sostuvo que el contrato se asienta sobre una idea de protección e indemnidad. Para CASEL, ese criterio exige una lectura técnicamente precisa: ninguna empresa ni ningún barrio puede garantizar que jamás ocurrirá un delito, pero sí debe responder cuando falla aquello que se comprometió a hacer.
La posición de CASEL no busca eliminar responsabilidades. Si faltaron controles, mantenimiento, personal, supervisión o procedimientos; si una alarma no fue atendida; o si el sistema era manifiestamente insuficiente, debe analizarse la responsabilidad correspondiente. La diferencia está entre sancionar porque se hizo mal lo que debía hacerse y condenar únicamente porque el delito ocurrió.
El 80% que también interpela a los administradores. El fallo no solo alcanzó a la empresa de vigilancia. También sostuvo que quienes administran el complejo y contratan la seguridad con fondos pagados mediante expensas deben controlar cómo se presta el servicio y si resulta eficaz. Por eso, la incidencia restante fue distribuida entre la desarrolladora y la administradora.
El mensaje para administradores, consejos de propietarios, desarrolladores y consorcios es directo: no alcanza con contratar una firma habilitada y pagar la factura todos los meses. Deben existir trazabilidad, auditorías, registros de fallas, controles de mantenimiento y evidencia de que los protocolos se cumplen. Tercerizar el servicio no significa tercerizar por completo la responsabilidad de supervisarlo.
La jurisprudencia reciente muestra que cada caso depende de los contratos y de la prueba. En febrero de 2026, la Justicia mendocina ordenó a una empresa de vigilancia indemnizar con $27 millones a una familia asaltada en Guaymallén, tras comprobar fallas en la detección perimetral y la respuesta operativa; el barrio no fue condenado. Resultados diferentes, una misma necesidad: contar con parámetros objetivos.
