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La Legislatura porteña sancionó casi por unanimidad la norma que obliga a las familias a escolarizar a sus hijos desde los tres años y al Estado a garantizar las vacantes. La medida busca cerrar la brecha de cobertura, con especial foco en el sur de la Ciudad.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que transforma la estructura del nivel inicial en el distrito: a partir de 2027, la asistencia a la sala de 3 años será obligatoria. La normativa define esta obligatoriedad como un compromiso compartido entre las familias y el Gobierno de la Ciudad (GCBA), que tendrá la responsabilidad legal de adecuar el sistema educativo para asegurar cupo a cada niña y niño.
Aunque la Ley de Educación Nacional fija el piso de obligatoriedad en los 4 años y encomienda la universalización de la sala de 3, la norma porteña da un paso más al establecer su cumplimiento obligatorio. Para lograrlo, el Ejecutivo local dispondrá de un periodo de transición de dos años para reacondicionar la oferta pública.
El principal impacto de la medida se sentirá en la comuna sur de la Capital Federal, la zona con mayor déficit de infraestructura escolar. Según datos expuestos durante el debate por la diputada Maru Bielli (Fuerza por Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Educación:
“En el sur de la Ciudad, el 81% de los niños acceden a una sala de tres. Esos dos de cada diez niños restantes son los que el Estado tendrá que salir a buscar ahora.”
Bielli enfatizó que el nivel inicial representa “la puerta de entrada al sistema educativo” y subrayó el impacto social de la medida: “Cuando se genera una puerta de entrada con igualdad de condiciones, hay un correlato directo en las trayectorias educativas y en la vida laboral de las familias, en especial de las mujeres a cargo de las tareas de cuidado”.
La ley aprobada introduce modificaciones operativas y curriculares para homogeneizar la oferta educativa de la Ciudad:
Estructura unificada: Se prevé la reorganización de la red actual (Jardines Nucleados, Integrales, Comunes y Maternales) para avanzar hacia un modelo integrado de Escuelas Infantiles.
Transición de centros comunitarios: Los niños que asisten a Centros de Primera Infancia (CPI) o de Desarrollo Infantil mantendrán su continuidad pedagógica y sus esquemas horarios. El Poder Ejecutivo dispondrá de 180 días para reglamentar esta integración.
Ejes curriculares: El programa pedagógico para la sala de 3 reforzará la alfabetización temprana, la oralidad, las ciencias, el juego, el desarrollo motriz y la expresión artística, junto con la eliminación de barreras físicas y sociales para el aprendizaje.
La redacción de la iniciativa estuvo a cargo de la legisladora Manuela Thourte (UCR), quien destacó la importancia de adaptar la operatividad del Estado a las garantías constitucionales:
“La Ciudad ya reconoce la educación desde los 45 días en el artículo 24 de su Constitución, pero reconocer un derecho no implica que se cumpla. La obligatoriedad cambia la lógica al exigirme formalmente al Estado brindar la vacante.”
Sin embargo, la oposición y los bloques de izquierda remarcaron las deudas pendientes de la gestión porteña. La legisladora Amanda Martín (Frente de Izquierda) advirtió sobre la “distribución desigual y arbitraria de la matrícula” y criticó la falta de vacantes estatales para la franja de lactantes y lactantes mayores:
“Gran parte de la población trabajadora sigue sin vacante pública desde los 45 días de vida y se ve obligada a destinar parte de su salario a un jardín privado.”
Con la aprobación de esta ley, el Gobierno porteño inicia una cuenta regresiva de 24 meses para adaptar la infraestructura, designar personal docente y garantizar que, en 2027, ningún niño de 3 años quede fuera del aula pública.
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