La violencia del gobierno frente al Congreso no fue solamente una respuesta policial a una protesta. Fue la expresión de un gobierno que, cuando no consigue imponer sus argumentos en el debate público, necesita convertir el conflicto social en un problema de orden público. La represión busca disciplinar a quienes se resisten y construir el relato de que toda resistencia es violencia.

Miles de personas bajo la lluvia frente al Congreso, levantando banderas argentinas y una consigna que resume buena parte del conflicto: “La tierra no se vende”. No eran solamente militantes políticos. Había sindicatos, organizaciones sociales, pueblos originarios, jubilados, partidos de oposición y, también, ciudadanos autoconvocados que se habían encontrado por primera vez fuera de las redes sociales. La diversidad de la movilización era, quizás, uno de sus rasgos más significativos.

Y precisamente allí aparece la primera pregunta: ¿qué fue lo que el Gobierno vio en esa multitud?, ¿una amenaza?, ¿un enemigo?, ¿o simplemente una sociedad que decidió expresar públicamente que no está dispuesta a aceptar cualquier cosa en nombre de la libertad de mercado?

La respuesta llegó en forma de gases, balas de goma, camiones hidrantes, golpes y detenciones. Pero hay algo todavía más grave que la violencia de las imágenes. Es el momento en que esa violencia aparece. Porque una cosa es que las fuerzas de seguridad intervengan ante un hecho concreto de violencia. Otra, muy diferente, es que la represión termine convirtiéndose en el mecanismo mediante el cual el Estado decide cuándo una protesta deja de ser legítima.

Y aquí está el núcleo del problema. La represión no fue la consecuencia de una violencia generalizada previa. Ella fue la decisión que cambió el carácter de la jornada. Hasta ese momento había lluvia, banderas, cánticos, consignas, música y una multitud expresando su rechazo a un proyecto de ley. Incluso había temor entre muchos manifestantes por el enorme despliegue de fuerzas de seguridad. Después, inexplicablemente llegaron los gases.

Y entonces la protesta que hasta ese momento podía ser presentada como una expresión democrática de disconformidad comenzó a ser convertida, desde el poder, en un problema de seguridad.

Pero ese mecanismo no es nuevo. Cuando un gobierno no consigue convencer, puede intentar deslegitimar. Cuando no consigue deslegitimar, puede intentar disciplinar. Y cuando el disciplinamiento social se vuelve insuficiente, aparece la fuerza.

El problema es que una democracia no puede reducir la participación popular a votar cada dos o cuatro años y aceptar en silencio lo que sucede entre elección y elección. La democracia también está en la calle. Está en una multitud que reclama frente al Congreso mientras los legisladores discuten una ley. Está en quien levanta una bandera argentina. Está incluso en quien, por primera vez, abandona las redes sociales y decide presentarse físicamente para decir que algo no le gusta. Eso también es democracia.

Por eso resulta particularmente preocupante que el Gobierno parezca necesitar de la represión para administrar el conflicto social.

Porque la violencia estatal no solamente lastima cuerpos. También intenta producir un significado. Busca instalar que quienes protestan son violentos. Que quienes resisten son desestabilizadores. Que quienes defienden la tierra son enemigos de la propiedad. Que quienes cuestionan las políticas oficiales son una amenaza contra el orden. Así, el relato se invierte.

El problema deja de ser qué está reclamando la sociedad y pasa a ser cómo se comporta la sociedad cuando reclama. Ya no se discute la ley. Se discute la protesta. Ya no se discute la concentración de la tierra, la extranjerización, los desalojos, la protección de los bosques y humedales o las facultades del Estado. Se discute si quienes se oponen merecen ser reprimidos.

Y esa es, precisamente, la trampa. Porque cuando la violencia del Estado consigue desplazar del centro del debate aquello que originó la protesta, la represión cumple una segunda función: construye el relato que el poder necesita.

Pero hay algo que el Gobierno quizás no haya calculado. La represión puede desalojar una plaza. No necesariamente puede desalojar una idea.

La consigna “La tierra no se vende” expresa algo mucho más profundo que el rechazo a un artículo de una ley. Expresa la idea de que hay bienes que, aun siendo susceptibles de propiedad, tienen una dimensión colectiva que no puede quedar subordinada exclusivamente a la lógica del mercado. La tierra es territorio. Es producción. Es agua. Es ambiente. Es identidad. Es soberanía. ES MALVINAS.

Por eso la protesta tuvo una particularidad que merece ser observada: el reclamo desbordó las estructuras políticas tradicionales y encontró eco en ciudadanos que comenzaron a organizarse desde las redes para luego encontrarse en la calle.

Eso debería preocupar a cualquier gobierno democrático, pero por una razón exactamente inversa a la que parece preocuparle al Gobierno de Milei.

No porque haya violencia. Sino porque hay sociedad. Una sociedad que todavía puede organizarse, encontrarse, reconocerse y decir que no. Y quizás allí esté la verdadera explicación de la represión.

Porque un gobierno que pretende transformar profundamente las relaciones económicas, sociales y culturales necesita no solamente aprobar leyes. Necesita construir una aceptación social de esas transformaciones.

Cuando esa aceptación no aparece, la tentación de reemplazar consenso por disciplinamiento se vuelve enorme. Y allí es donde una democracia comienza a deteriorarse.

Porque el Estado deja de garantizar el derecho a protestar y comienza a administrar el miedo a protestar. Queda, finalmente, una pregunta que debería interpelar no solamente al Gobierno sino también al Poder Judicial.

Ante una jornada en la que hubo personas heridas, disparos de armas menos letales dirigidos contra manifestantes, detenciones y un operativo represivo que se prolongó durante horas, ¿no hubo ningún fiscal que considerara que existían razones suficientes para iniciar una investigación de oficio? La pregunta es, por supuesto, retórica.

Porque si frente a semejante despliegue de fuerza el Ministerio Público permanece en silencio, entonces aparecen dos posibilidades igualmente preocupantes: temor o complicidad. Y ninguna de las dos resulta compatible con una República en la que los poderes del Estado deberían controlar al poder y no protegerlo de sus propias responsabilidades.

Porque una democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones. Se mide, sobre todo, por lo que ocurre cuando una parte de la sociedad decide decirle que no al poder.

Y ayer, frente al Congreso, una multitud dijo que no. Y el Gobierno respondió con gases.

La pregunta que queda ahora es si la sociedad aceptará que el miedo termine convirtiéndose en la nueva forma de gobernar.

"La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse."

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López.