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Javier Milei y su estratega Santiago Caputo suelen repetir que la reducción de la inflación es el criterio excluyente que aplicará la ciudadanía cuando se vuelvan a abrir las urnas. Sin embargo, el dogmatismo con el que el Gobierno aborda ese proceso, basado en el atraso del dólar y los ingresos populares, y en una amplia apertura importadora, hace que el remedio pueda generar perniciosos efectos secundarios. ¿Cuál será el camino del Presidente hacia su revalidación y el inicio de una era de hegemonía, o su retiro de la escena?
Toto Caputo entiende que la desinflación es crucial, pero su análisis no se limita a ella. Eso, más su necesidad de evitar en todo lo posible las zozobras cambiarias propias de cualquier proceso electoral, hizo que apelara al inflador anímico al prometer, allá por abril, la inminencia del mejor año y medio de nuestras vidas. Que días atrás haya tenido que recoger ese barrilete cósmico y aseverar que, en verdad, se había referido a la mejor etapa de la actual administración –lo que es falso– resulta suficiente prueba de los mencionados efectos adversos de sus políticas.
Si Milei y Santiago C. tuvieran razón, sería necesario pensar cuáles serían las chances de que, para octubre del año próximo la inflación sea un tema resuelto.
Si, en cambio, la tuviera Toto C., habría que revisar qué posibilidades habría de que el auge de las actividades extractivas de exportación genere el derrame suficiente como para cambiar un mal humor social que se hace cada vez más perceptible.
De acuerdo con las proyecciones privadas recogidas en el Relevamiento de expectativas de mercado (REM), el informe mensual que elabora y difunde el Banco Central, el IPC que mide –y subestima– el INDEC debería oscilar apenas por debajo del 2% hasta fin de año, lo que dejaría la inflación del año previo al electoral en torno a un 30%, similar a la de 2025.
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