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En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador convocó al ala peronista del CIN para diseñar una arquitectura política de oposición al gobierno de Milei. La cita fue en la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 12 de mayo, mientras las universidades nacionales acumulan un recorte del 45% en sus transferencias y los salarios docentes registran la pérdida más severa en cuatro décadas.
El cónclave en el Salón Dorado
A las 11 de la mañana del martes, mientras el sistema universitario argentino acumulaba dos años de desgaste financiero sin precedentes en su historia democrática reciente, el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se llenó de rectores. No eran todos los rectores del país: eran los del bloque peronista del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que reúne a las máximas autoridades de las universidades públicas argentinas y que internamente se divide entre ese sector y el llamado ala reformista, vinculado al radicalismo y al socialismo.
La convocatoria la hizo el gobernador Axel Kicillof. El encuentro duró casi tres horas —concluyó poco antes de las 14— y fue una de las reuniones políticas más densas en la agenda del mandatario en lo que va del año. A su lado estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el de Transporte, Martín Marinucci; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el titular de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; y el exministro de Educación Alberto Sileoni. Una delegación de peso que subrayó el carácter estratégico, y no meramente protocolar, del encuentro.
Entre los rectores presentes estuvieron Daniel Martínez (Universidad Nacional de La Matanza), Carlos Rodríguez (Universidad Pedagógica Nacional), Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda), Beatriz Gentile (Universidad Nacional del Comahue), Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional), Sandra Torlucci (Universidad Nacional de las Artes), Walter Panessi (Universidad Nacional de Luján), Natalia Álvarez Gómez (Universidad Nacional de La Rioja), Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa), Darío Kusinsky (Universidad Nacional de José C. Paz), Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro), María Alejandra Zinni (Universidad Nacional de Quilmes) y Andrés Sabella (Universidad Nacional de Entre Ríos), entre otras autoridades.
La dinámica de la reunión siguió un esquema habitual en los encuentros de Kicillof con distintos sectores: cada rector planteó el estado de situación de su institución y luego el gobernador cerró con una síntesis política. En esa síntesis, según coincidieron los participantes en declaraciones posteriores, Kicillof describió un panorama económico crítico como resultado de las políticas del gobierno nacional, rechazó el ajuste sobre educación y les pidió a los rectores que asuman un rol activo en la construcción de la alternativa.
Sin mencionar candidaturas ni nombres propios —un cuidado deliberado que se ha vuelto una marca de estilo en sus presentaciones públicas—, Kicillof planteó que 2026 es un «año de construcción política». La tesis que atravesó el encuentro fue que las instituciones universitarias no deben limitarse a administrar la crisis, sino que deben actuar como actores políticos en la conformación de un proyecto alternativo para 2027. La rectora de La Rioja, Natalia Álvarez Gómez, lo sintetizó con precisión: el gobernador pidió «no discutir solamente personas, sino discutir metodologías, discutir un modelo».
Desde La Política Online y otras fuentes presentes en el cónclave se indicó que los rectores reconocieron en el encuentro el esfuerzo de la provincia en materia de infraestructura universitaria y a través del boleto estudiantil. La reunión también tuvo una dimensión geográfica: Kicillof, que viajará próximamente a Córdoba —donde presentará su libro «De Smith a Keynes» y firmará acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional—, aprovechó el espacio para interiorizarse sobre la situación de las universidades del interior del país. Un gesto que algunos rectores interpretaron como señal de una agenda que excede a Buenos Aires.
La reunión en La Plata no puede leerse fuera del contexto del conflicto universitario que atraviesa el país desde diciembre de 2023. El origen del recorte es sistemático: desde que asumió Javier Milei, las transferencias nacionales a las universidades públicas cayeron 45,6%, según datos del propio CIN. Esa cifra implica que las casas de estudio operan hoy con poco más de la mitad de los recursos que requieren para funcionar.
El derrotero legislativo y judicial de la Ley de Financiamiento Universitario es, en sí mismo, un mapa del conflicto institucional. La norma fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2024, vetada por Milei, y luego ratificada por las dos cámaras con mayorías especiales. En octubre de 2025, ante la inminencia del vencimiento del plazo para promulgarla o vetarla nuevamente, el Ejecutivo la promulgó —pero nunca la aplicó, argumentando que el Congreso no había determinado las fuentes de financiamiento. El CIN presentó entonces una acción de amparo ante la Justicia federal. Dos instancias le dieron la razón a las universidades. El gobierno recurrió a la Corte Suprema.
En diciembre de 2025, el oficialismo intentó eliminar el financiamiento universitario mediante un artículo del Presupuesto 2026, pero no obtuvo los votos. A fines de febrero de 2026, presentó un proyecto alternativo que, sin derogar formalmente la ley, modifica varios de sus puntos centrales. Esa iniciativa permanece estancada en el Congreso.
Los datos salariales definen la magnitud del ajuste. Según el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), Emiliano Cagnacci, solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires se perdieron 438 cargos docentes desde diciembre de 2023, como consecuencia directa de la caída del poder adquisitivo. El máximo cargo universitario, el de profesor titular sin antigüedad, percibe alrededor de $1.500.000 de bolsillo —apenas por encima de la canasta básica de pobreza para una familia tipo calculada por el INDEC para marzo de 2026, que se ubica en $1.434.000. En el extremo opuesto de la escala, un ayudante de segunda cobra $140.000.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci —rector de la Universidad Nacional de Rosario—, sintetizó la situación en términos históricos: «Hoy tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica del país. Pero lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas.» Los sueldos representan el 90% del presupuesto universitario. La secretaria general de la confederación docente CONADU, Clara Chevalier, fue aún más precisa: «Los salarios son los más bajos en 40 años.»
El rector de La Matanza, Daniel Martínez, tradujo esas cifras en impacto cotidiano: «Los sueldos docentes se vieron afectados entre un 40 y un 50 por ciento, y muchos trabajadores, incluso no docentes, están por debajo de la línea de pobreza. Llego al despacho y hay pilas de renuncias para firmar, de docentes que buscan otra actividad profesional afuera y dejan de dar clase.»
El cónclave en el Salón Dorado se realizó con una fecha precisa en el horizonte: el 12 de mayo, cuando se prevé la cuarta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria es impulsada por el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y tiene como epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires una concentración frente a la Casa Rosada.
Las tres marchas anteriores —23 de abril de 2024, 2 de octubre de 2024 y 17 de septiembre de 2025— fueron referencias de la movilización opositora durante el gobierno de Milei. La cuarta se perfila como la más amplia en términos de alianzas: el CIN lanzó en los días previos una campaña masiva en redes sociales bajo la consigna «Milei, no sos rey, cumplí la ley», que interpela directamente el incumplimiento de la norma ratificada tanto por el Congreso como por la Justicia.
Kicillof confirmó que participará de la movilización junto a la columna del Movimiento Derecho al Futuro, y que el Partido Justicialista bonaerense convocará formalmente a la marcha. La presencia del mandatario provincial en la movilización convierte la jornada en un hito político adicional al reclamo universitario estricto.
Lo que ocurrió en el Salón Dorado no fue, entonces, solo una reunión de gestión. Fue también una operación política de largo aliento. La educación universitaria pública ha sido, históricamente, uno de los terrenos donde el peronismo construyó consenso con sectores medios urbanos que en otras circunstancias le son ajenos. La defensa del financiamiento universitario le permite a Kicillof articular un discurso que excede las fronteras del movimiento propio y apunta a una base social más amplia.
En ese marco, el encuentro con los rectores no es un episodio aislado sino parte de una secuencia que incluye la visita a Córdoba, donde el gobernador presentará un libro de historia del pensamiento económico —lo que le permite proyectarse como una figura intelectual además de política—, y una agenda de reuniones con distintos sectores que se acelera a medida que el calendario electoral se acorta.
El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, condensó en pocas palabras la lógica que gobernó el encuentro: «Es importante que nosotros estemos dispuestos a colaborar con esa construcción colectiva de una política pública que le da sentido al rol de la universidad para el futuro.»
