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Cuando parece que está todo dicho y, salvo para los tiempos y las artimañas de la Justicia, comprobado, la cloaca de la corrupción en el gobierno de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni esparce nuevos hedores.
Frente a esa oportunidad, sectores de la oposición –tanto la consecuente como la que va y viene– le demuestran una vez más a la sociedad que no están aún a la altura del desafío de evitar la ruptura del país o, si no se llegara a tiempo, de intentar reconstruirlo.
De un lado, la suciedad. Del otro, un agujero negro.
El Libragate, esa madeja de estafa cripto, relaciones peligrosas y aparentes coimas en el despacho mayor de la Casa Rosada, comienza a ser investigado en el cabo que falta esclarecer: la ruta del dinero.
"Los esfuerzos de investigadores judiciales, periodistas, una comisión de diputados y expertos en materia cripto fueron develando parte del entramado: un rompecabezas complejo, en el que no asoman funcionarios, pero sí personas sospechadas de oficiar de nexo entre Milei, promotor de la moneda, y su creador, Hayden Mark Davis. Parte del trabajo se allanó cuando el norteamericano reveló al público una de sus cuentas, algo que luego consideraría un 'error'", escribió Federico González del Solar en la Nación.
"El trader Mauricio Novelli, cuya relación de cercanía con los Milei data desde hace años, es apuntado por un creciente caudal de pruebas como el principal constructor del puente que unió al Presidente con el empresario estadounidense. Las pruebas surgen de los peritajes a los teléfonos que ordenó la Justicia en el marco de la investigación por una presunta estafa", añadió.
La mina de oro que constituye el teléfono mal borrado del lobista da cuenta de pagos por miles de dólares mensuales a Milei Hermanos desde antes de que llegaran a la función pública, pero que, violando la ley, habrían continuado cuando Javier se convirtió primero en diputado –2000 dólares– y luego en presidente.
La ahora secretaria general de la Presidencia, en tanto, es mencionada en un audio de abril de 2024, cuando ya era funcionaria, como receptora de una cuota de 4000.
Por no hablar, claro, de los 5 millones de dólares del escándalo mayor que se atribuye al jefe de Estado.
Mientras los investigadores se internan en ese túnel oscuro de documentación, volvió otro escándalo, el de Aero Adorni y sus ramificaciones, indicios de un ejemplo envidiable de movilidad social ascendente en la Argentina de la extrema derecha.
Sebastián Lacunza, el periodista que destapó la escapada familiar del viaje del jefe de Gabinete en un avión privado a Punta del Este, volvió con una novedad importante en ElDiarioAr. Dicho viaje –en sí mismo una violación de la normativa impuesta por el Gobierno a sus propios funcionarios– costó más de 9000 dólares, esto es más del doble de lo admitido hasta ahora por el funcionario y por su amigo contratado en la TV pública Marcelo Grandio.
En La Nación, Paz Rodríguez Niell sumó que, de acuerdo con los recibos que obtuvo el juez Ariel Lijo –frustrado candidato de Milei a la Corte Suprema y ahora, al parecer, en plena rosca para convertirse en procurador general de la Nación– el pasaje "de ida aparece como pagado por la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona" por 40.000 dólares. ¿Más claro? El pago lo hizo una productora que hace negocios con el Estado.
Grandio dijo que Adorni había pagado su parte "con dinero del Estado" –sic– y el funcionario dijo tener en su poder el recibo que demostrarían que no recibió dádivas. Ese recibo nunca apareció y ahora se sabe por qué: porque no existe como un documento a su nombre.
Por si eso fuera poco, Clarín dio cuenta de la aparición de una propiedad hasta ahora desconocida: una vivienda "en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA. La casa la habría construido con su mujer, Betina Angeletti, a la que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos", y por la que paga expensas de casi 700.000 pesos por mes.
La diputada Marcela Pagano, quien fue electa en la lista violeta en 2023 pero que se convirtió en enemiga jurada del karinismo, amplió la denuncia oportunamente presentada por enriquecimiento ilícito argumentando que el jefe de Gabinete no declaró ese bien ante la Oficina Anticorrupción.
