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50 años preguntando dónde están
MAR CENTENERA
“¿Dónde están?”, se leía en muchos carteles de las marchas masivas celebradas este martes en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza y en muchas otras ciudades de Argentina. El 24 de marzo se cumplieron 50 años del último golpe de Estado y todavía hay familias que no saben dónde están sus seres queridos, esos que los militares un día secuestraron en su casa, en la fábrica, en la calle, y de los que no volvieron a tener noticias por más que llamaron a una puerta y a otra, insistentemente, en busca de respuestas que muchos aún esperan. El silencio de entonces se mantiene en democracia: solo un puñado de los 1.237 condenados por delitos de lesa humanidad han dado detalles del plan sistemático de represión ilegal. Uno de ellos fue el capitán de corbeta Adolfo Scilingo, que reveló que él mismo había participado en vuelos de la muerte, cargados de detenidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada —el mayor centro clandestino de detención de la dictadura— a los que arrojaban al Río de la Plata drogados y maniatados como método para hacer desaparecer sus cuerpos.
Lo que se sabe ha sido reconstruido a partir de testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas en juicios, de identificaciones realizadas por el Equipo de Arqueología Forense (EAAF), de la búsqueda en archivos de las distintas fuerzas de seguridad, de denuncias anónimas que llevaron a recuperar a un nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchos otros caminos trazados por una sociedad que sigue buscando respuestas. Cada hallazgo es una nueva pieza del puzzle del terror colocada en su lugar. “Cuando vi la urna, dije: ‘Están con nosotros, han vuelto'”, recordaba Ana Ramos al dar sepultura a los restos de su hermano, José Eduardo, unos pocos días atrás en el cementerio municipal de Tucumán, en el norte de Argentina. Sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, la mayor fosa común de la dictadura, que albergaba huesos de 121 detenidos-desaparecidos. “Ya no soy más hija de desaparecido”, logró pronunciar María Soledad Nívoli hace dos semanas, cuando se enteró que habían encontrado los restos de su padre en los terrenos del excentro clandestino de detención de la Perla, en Córdoba, en el centro del país.
A 50 años del golpe, los mensajes del Gobierno de Javier Milei minimizando los crímenes perpetrados y hasta justificándolos como parte de una guerra contra organizaciones armadas chocan contra un muro judicial: la Justicia ha probado los hechos y ha condenado a muchos de sus responsables. Esa verdad judicial se fortalece con el consenso de una sociedad que dijo Nunca Más a la dictadura cuando el país regresó a la democracia, en 1983, y que también acordó que la violencia política no podía ser una solución.
Los perpetradores de las atrocidades escuchadas en cientos de juicios —secuestros, torturas, asesinatos, robos de bebés, violaciones, saqueos, entre muchos otros delitos— tienen ya una edad avanzada. Lo mismo ocurre con las primeras que alzaron la voz en público reclamando por los desaparecidos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “Estamos viejitas”, nos dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, de 95 años, cuando la entrevistamos unas semanas atrás. Pero los nietos recuperados continuarán la búsqueda de los que no conocen todavía su verdadera identidad, los familiares de desaparecidos mantendrán viva la esperanza de encontrar sus restos. Miles de argentinos volvieron a acompañarlos este martes, a exigir respuestas. Preguntar en voz alta dónde están es también comprometerse a no olvidar.
